Revista Pesca Diciembre 2013

ambiente hasta el momento no está resuelto. Los límites
Máximos Permisibles para la descarga de efluentes asignados
a la industria reductora han sido generosos y los
plazos de adecuación a sus PAMAs (Programas de adecuación
y manejo ambiental) también. La industria de
consumo humano directo no tiene hasta ahora límites
máximos permisibles que permitan controlar y eventualmente
sancionar el exceso de contaminantes vertidos al
mar. Toda la flota pesquera no tiene el control debido
de sus descargas de aguas sucias y residuos oleosos
porque no se aplica la normativa del Marpol. Debe asegurarse
la calidad ambiental de la actividad pesquera
y acuícola con cero contaminación.
3. Colocar al mercado interno en igualdad de condiciones
de competitividad que el mercado externo.
4. Asegurar la sostenibilidad de todas las pesquerías
en base a la mejor información científica
con un enfoque ecosistémico.
La compleja maraña de normas vigentes para la regulación
del sector pesquero ha contribuido a crear un negocio
atractivo cuyas cifras son constantemente expuestas
en esta revista y cuyo balance es negativo para el
país y la sociedad civil.
Modificar ese estatus de privilegio injusto es la
principal motivación que debe tener quien aspira
a los cargos de administración del sector. La naturaleza
de los motivos que cada quien expone para pretender
ser mejor que la(s) autoridad(es) de turno es
cosa que nadie puede saber con certeza. Es evidente la
inexistencia de propuestas de programas con objetivos
coherentes e indicadores adecuados.
La crítica sesgada y direccionada contra una u otra norma
específica evidencia defensa de intereses puntuales.
El gran motivador de esta corriente de oposición al cambio,
que encuentra en las debilidades de las autoridades
de turno la materia prima adecuada para fortalecer la
crítica, ¿es realmente la aspiración por llegar a tener
una pesquería sustentable y justa o el interés por mantener
un estatus que hace a la industria de anchoveta
altamente rentable?
La utilización de los medios de comunicación para exponer
problemas y quejas derivadas del rechazo a normas,
ha conducido al país a ser espectador inusual de conflictos
que, por el lado de los administrados, llegó al ataque
personal, al chauvinismo y a al apasionamiento antes
que a la objetividad.
Las empresas no consideran como un costo el daño
ambiental que producen, pues no existen normativas
que las obliguen a pagar por su reparación.
Así, el límite de su explotación tiene un criterio
estrictamente económico.
Cuando una empresa perjudica a la colectividad, surgen
varias interrogantes: ¿De quién es la responsabilidad
jurídica? ¿Quién se hace cargo de la reparación de los
daños? ¿Quién tiene que pagar a las víctimas cuando el
mal es irreversible?, ¿El pasivo ambiental es una responsabilidad
pública o privada? En cuanto a la valoración,
¿cómo determinar el impacto de una actividad
contaminante en un contexto complejo y de fuerte incertidumbre?
Resulta imprescindible hacerse estas preguntas cuando
se trata del efecto de la extracción de recursos hidrobiológicos
sobre el ecosistema marino pues, para empezar,
se desconocen las condiciones de "buena salud"
previas a la actividad pesquera.
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