Revista Pesca Diciembre 2013

En el futuro el Estado deberá prestar mayor atención
a la educación de la población sobre las posibilidades
del país como país pesquero, propiciando
que sean accesibles y entendibles para todos los conceptos
de ecosistema, soberanía alimentaria, cambio
climático, fenómeno El Niño y sostenibilidad.
Deberá prestar atención a la difusión de los impactos de
la industria pesquera sobre el medio ambiente y su verdadera
contribución con los intereses nacionales, con el
objeto de crear corrientes de opinión y entendimiento
correctos sobre el papel que juega la industria pesquera
en la vida económica de la Nación. De esta manera los
medios de comunicación encontrarán a un público entendido
en la materia que no sea fácilmente manipulado
como viene ocurriendo a la fecha, donde los comentarios
sobre el sector son sesgados, equivocados, inexactos
y llenos de críticas destructivas algunas veces y elogiosos
comentarios sin sustento otras veces. Generalmente
con muy poco aporte constructivo.
Un país con educación y bien informado siempre
constituirá la mejor garantía para una pesquería
sustentable que se enfrente al futuro.
Una población consciente de la necesidad de preservar
el ecosistema y el medio ambiente en beneficio de alimentos
asequibles a la población nacional, constituirá la
primera línea de defensa contra la sobre explotación de
la industria y la desinformación de los medios.
CONCLUSIONES
No hay instituciones visibles que defiendan los
intereses de la población; el Congreso no demuestra
conocimiento ni interés por defender los derechos de las
mayorías en relación a la pesca; la Autoridad de Pesquería
posee buenas intenciones pero demuestra ausencia
de planeamiento para aplicar reformas en beneficio
de los más. Ello obliga a la ciudadanía a ser responsable
y activa en los temas que se refieren a recursos naturales
que son patrimonio de toda la Nación y que deben
beneficiar a todos. Si la ciudadanía no reclama sus derechos
a una pesquería sostenible, sin contaminación, con
inclusión y seguridad alimentaria, nadie lo hará por ella.
En la historia de la pesquería peruana de los últimos 20
años, ninguna administración o partido político ha tenido
voluntad para prestar atención a la problemática
pesquera, dejando su manejo a los propios administrados
a través de múltiples mecanismos de intervención y
manipulación.
Este es el escenario que enfrentan los interesados en
acceder al poder en el 2016. Si el país tuviese la suerte
de contar entre los candidatos o partidos que disputarán
por el poder en las próximas elecciones, voluntad política
para introducir reformas pesqueras, es momento de
que vayan diseñando programas efectivos de gobierno,
e ir formando cuadros y equipos que participen en la
implementación de dichos planes una vez accedan al
poder.
La harina de pescado, conservas y congelados se producen
y se seguirán produciéndose. Más o menos cantidad,
mayores o menores precios, más o menos embarcaciones,
la industria seguirá existiendo. Con cuota global,
cuotas individuales, con mucho o poco control, seguirá
existiendo. El Estado también seguirá existiendo,
aunque las normas de rango de Decretos o Resoluciones
puedan modificarse, anularse o mantenerse.
Mientras hacer harina de pescado y exportar recursos
pesqueros congelados o en conserva sea un negocio
más atractivo y rentable que atender al consumo humano
directo de la población peruana, la industria pesquera,
tal como está funcionando, seguirá existiendo. Mientras
el mercado nacional compita en inferioridad y desigualdad
de condiciones con la exportación, los peces
seguirán alimentando a otros países y no al Perú.
El tema fundamental no es la existencia de la industria,
sino que pague un justiprecio por la extracción con cero
contaminación, respetando criterios de sustentabilidad y
sin competencia desleal con el mercado interno peruano.
La pesquería peruana hizo lo que se le permitió
hacer en un escenario de generosidad y ausencia
de la debida autoridad por parte del Estado, así
como falta de voluntad por proteger los intereses
de todos los ciudadanos.
Si el Estado no asume su responsabilidad, solo le queda
al pueblo peruano organizarse para defender sus intereses
mediante una acción ciudadana.
Revista Pesca Diciembre 2013 12