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Evolución de Sinergia y evaluaciones en administración del Estado
LA EVOLUCIÓN DEL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN EN COLOMBIA
1. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES DE SINERGIA
La reforma del Estado ha preocupado a los estudiosos desde los años ochenta cuando a raíz de la
crisis del Estado del Bienestar o Estado Social Burocrático, como la ha llamado Bresser (1998), se
planteó la figura del Estado mínimo 2 . Tres décadas después, esta visión ha sido objeto de numerosas
modificaciones que han buscado mejorar el desempeño de la administración pública y que han
oscilado entre el reduccionismo inicial y una tendencia a darle al Estado el tamaño adecuado para
cumplir con las funciones que le son asignadas en relación con el mercado y con la sociedad.
Las reformas planteadas abarcaban diferentes aspectos relativos al funcionamiento del Estado. En
primera instancia, la relación con la sociedad y los ciudadanos; en segunda instancia, el papel que
juega en la economía en términos de recursos; finalmente, el tamaño y forma de funcionamiento de
la administración pública.
En cada una de estas dimensiones se han propuesto medidas diferentes. En principio, las posiciones
neoconservadoras de los países anglosajones se orientaron a la reducción del papel y tamaño del
Estado en todos los aspectos y a considerar a los ciudadanos como clientes a quienes se les prestan
servicios. Para la década de los noventa se hizo evidente la inviabilidad del Estado mínimo, pues era
necesario que éste estuviera en capacidad de cumplir con sus objetivos.
Por esta razón, tanto en círculos académicos como políticos se optó por un replanteamiento de las
consideraciones existentes en cuanto a la reforma del Estado, en donde se reconoce que sus funciones
no son tan reducidas como lo planteaban las corrientes iniciales. En este sentido, además de garantizar
el cumplimiento de los contratos, el Estado debe ocuparse de la seguridad, la justicia, el equilibrio
económico, la gestión de bienes públicos, la corrección de externalidades y otros aspectos esenciales.
Esto implica que el Estado debe tener un tamaño proporcional al presupuesto que se le asigna; que
si bien por razones de eficiencia no siempre debe encargarse de la producción de bienes y servicios,
se justifica su intervención en la economía; que las reformas de la Nueva Gestión Pública (NGP) en
términos de servicio civil y estructura del Estado generan problemas imprevistos y, finalmente, que el
considerar al ciudadano como cliente implica una simplificación de la relación entre Estado y sociedad
que contradice las tendencias democratizadoras de la época. Esta reconsideración de la reforma
del Estado matizó los cambios implementados a raíz del Consenso de Washington y los complementó
con otras medidas, en particular aquellas relacionadas con regulación y adecuación de su tamaño.
uno de los aspectos cruciales de la reforma del Estado fue la modernización de la administración pública.
En este sentido, se destaca la Nueva Gestión Pública (NGP), que se constituyó en la principal generadora
de cambios en la forma como operaban las administraciones y en la estructura del servicio civil.
Inspirada en los modelos de gestión del sector privado y concibiendo al funcionario público como gerente
(DNP, 2009), la NGP busca maximizar la creación de valor público (Clad-BID, 2007) y mejorar la
eficiencia del gasto, al tiempo que adecúa los incentivos y la lógica de funcionamiento de la burocracia.
Según moore (1995), el valor público se crea cuando se realizan actividades capaces de aportar respuestas
efectivas y útiles a necesidades políticamente deseables que surjan como consecuencia de un
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En lo concerniente al continente latinoamericano, en la década de los ochenta los Estados se caracterizaron por tener un
Gobierno muy grande, fiscalmente deficitario y administrativamente exhausto. Se inició a finales de los ochenta un proceso
de redimensionamiento del Estado, que intentó reencontrar y acotar las definiciones de lo que deben y pueden hacer los
Estados, reconociendo la escasez de recursos y la necesidad de una asignación eficiente que favorezca el interés público y
que compense los costos del sector público.