Política Gestión Integral del Agua - Cortolima

G e s t i ó n I n t e g r a l d e l A g u a
Así mismo, la Dirección viene dando la mayor importancia al sector de aseo, y en
particular en lo relacionado con la disposición de residuos sólidos pues son significativos
los impactos negativos que en el ambiente y en el medio social originan el manejo
inadecuado de esos residuos por parte de 75% de los municipios del país; el tema
está siendo tratado con igual importancia a la otorgada hasta el presente en materia
de agua potable y alcantarillado.
En general, cada uno de los retos antes relacionados están siendo asumidos por la
Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico y Ambiental como guías para orientar
su gestión en el corto, mediano y largo plazo, como queda consignado en este documento.
Fundamentos normativos de la gestión
La gestión que desarrolla el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en materia de agua potable y saneamiento básico y ambiental a través de la Dirección
respectiva, se fundamenta en los aspectos establecidos en la Constitución Política de
Colombia, al definir la finalidad social del Estado y de los servicios públicos; en la Ley
99 de 1993 por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente
y los recursos naturales renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA;
en la Ley 142 de 1994, que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios;
en la Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003 –
2006, Hacia un Estado Comunitario; y finalmente, en el Decreto 216 de 2003, que
determina los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
La Constitución Política (Art. 365) establece que los servicios son inherentes a la
finalidad social del Estado y que es su deber asegurar la prestación eficiente a todos
los habitantes del territorio nacional mediante una prestación directa, por comunidades
organizadas o por particulares; el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia.
Así mismo, mediante ley (Art. 367) se fijarán las competencias y responsabilidades
relativas a la prestación, cobertura, calidad, financiación y régimen tarifario y criterios
para el sistema de solidaridad y redistribución de ingresos, definiendo responsabilidades
directas a los municipios y funciones de apoyo y coordinación a los departamentos.
Se autoriza el otorgamiento de subsidios para personas de menores ingresos (Art.
368) y establece que la ley determinará los deberes y derechos para los usuarios (Art.
369) en aspectos relacionados con el régimen de su protección, formas de participación
en la gestión y fiscalización de las empresas estatales prestadoras del servicio;
igualmente, la ley definirá la participación de los municipios o de sus representantes
en las entidades y empresas que les presten servicios públicos domiciliarios.
Corresponde al Presidente de la República (Art. 370) señalar, con sujeción a la ley, las
políticas generales de administración, control de eficiencia, control y vigilancia de las
entidades prestadoras por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios .
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