codigo de procedimientos civiles para el estado de tabasco

deriva del artículo 17, que prohibe la autotutela y establece que “toda persona tiene derecho a que se le administre
justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo
sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia
prohibidas las costas judiciales”. Este derecho fundamental se regula en el artículo 1º de la iniciativa.
A su vez, el derecho de excepción o, más ampliamente, de defensa, tiene su fundamento en el párrafo segundo del
artículo 14 constitucional, el cual establece que los actos de privación de derechos o posesiones sólo podrán llevarse
a cabo “mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento.....”, entre las que destaca, sin duda, el respeto a lo que Couture llama “ el derecho
procesal de defenderse”. El proceso que regule la ley reglamentaria de la garantía de justicia, debe respetar la
posibilidad y la efectividad del ejercicio de los derechos constitucionales de acción y de defensa, y también debe
preservar, en general, las “ formalidades esenciales del procedimiento”, que se concretan en el emplazamiento
personal y en las oportunidades razonables de probar y de alegar.
Pero además del respeto y desarrollo en la legislación reglamentaria de éstas y las demás garantías constitucionales
del proceso, es preciso orientar la reforma del proceso civil dentro del movimiento que tiende a hacer efectivo el
acceso a la justicia; el estado de derecho no se debe limitar a proclamar de manera formal el reconocimiento de los
derechos constitucionales de acción y de defensa, o establecer las formalidades esenciales del procedimiento; debe
también garantizar el derecho de los justiciables a tener acceso igualitario y efectivo al sistema de los tribunales y a
lograr un proceso justo y razonable. El derecho de acceso a la justicia, reconocido ya en varios textos del
constitucionalismo social contemporáneo, tiende a hacer efectivo el principio de la igualdad de las partes en el
proceso, a fin de impedir, en la mayor medida posible, que las desigualdades extraprocesales que se dan en la
práctica determinen el resultado final del proceso; procura que éste no dependa de la mayor o menor disponibilidad
de recursos de las partes, o de la mayor o menor habilidad de sus abogados, sino de la razón jurídica de sus
pretensiones. Es claro que ésta es una meta muy difícil de alcanzar, pero debe orientar la reforma procesal civil.
En conclusión, es cada vez más evidente que en nuestra época el Estado de Derecho no sólo lo es porque someta
su actividad a la ley y sujete sus actos a la decisión de tribunales independientes e imparciales, sino que lo es,
asimismo, en la medida en que permita y promueva el acceso real y equitativo de todas las personas al sistema de
los tribunales, a través de un proceso justo y razonable; sistema en el que reside, en último análisis, la verdadera
eficacia del derecho.
2. Principios procesales
Nos vamos a referir sólo a aquellos principios que señalan las características fundamentales del tipo de proceso civil
reglamentado por la iniciativa.
2.1. Oralidad
Es evidente que si entre los principales defectos que padece el proceso civil en México se encuentra su excesiva
lentitud, la falta de inmediación de los sujetos del proceso, el desarrollo fragmentario y discontinuo del procedimiento,
su entorpecimiento por el complicado sistema de impugnaciones e incidentes; y si entre los factores que más
contribuyen a esta situación se halla el predominio de la forma escrita, la solución más adecuada consiste en
implantar un proceso en el que predomine la oralidad como técnica de substanciación y en el que rijan los
consecuentes principios de inmediación, la concentración de los actos procesales, la publicidad, la inapelabilidad de
las resoluciones de trámite, la identidad física del Juez, la libre valoración razonada de las pruebas y la dirección
judicial del debate.