codigo de procedimientos civiles para el estado de tabasco

porque la falta de cualquiera de ellos, lejos de permitir la composición del conflicto de intereses, daría lugar a la
terminación del proceso sin resolución de mérito”.
Además de estos fines, la primera audiencia también debe tener por objeto delimitar cuáles son, en definitiva, las
pretensiones de la parte actora y las excepciones de la parte demandada (objeto del proceso). Esta delimitación
permitirá al Juez y a las partes concentrar su actividad procesal exclusivamente en determinar si son o no fundadas
las pretensiones y excepciones.
En la segunda audiencia, el Juez debe dirigir personalmente la práctica de los medios de prueba admitidos y
preparados, y escuchar los alegatos de las partes.
El proceso oral, concentrado o por audiencias, ha sido la base del Anteproyecto de Código de Procedimientos Civiles
del Estado de México de 1973 y del anteproyecto del Código Procesal Civil Tipo para Iberoamérica. A su vez, la
audiencia preliminar ha sido una de las principales orientaciones tanto de la reforma de 1984 a la Ley de
Enjuiciamiento Civil Española (a través de la llamada comparecencia en el juicio de menor cuantía), como la de 1986
al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal (que introdujo la audiencia previa y de conciliación).
2.2. Principio dispositivo
El proceso civil que prevé la iniciativa está regido por el principio dispositivo, entendido en su significado moderno.
Este principio es recogido en el artículo 2º. Por un lado, de acuerdo con este principio, sólo las partes pueden iniciar
el proceso y establecer el objeto de éste y de las pruebas a través de sus pretensiones, excepciones y afirmaciones
de hecho, expresadas en sus escritos iniciales y en sus declaraciones en la primera audiencia. Asimismo, sólo las
partes pueden disponer de los derechos materiales controvertidos, por medio de actos unilaterales como el
desistimiento y el allanamiento; o bilaterales como la transacción, salvo que se trate de derechos irrenunciables.
Pero por otro lado, una vez iniciado el proceso, el impulso de éste debe corresponder al Juez, quien ha de actuar
como un director del proceso, para emplear la acertada terminología del maestro Alcalá-Zamora,
independientemente de que también las partes puedan promover para impulsar el procedimiento, como se señala en
el artículo 3º de esta iniciativa.
Y si bien son las partes quienes establecen el objeto de la prueba a través de sus afirmaciones sobre los hechos
controvertidos, al juzgador debe corresponder de acuerdo con el principio iura novit curia, fijar la exacta calificación
jurídica de los hechos. De acuerdo con este principio, el juzgador debe determinar en cada caso el derecho
aplicable, sin que quede vinculado por las alegaciones de derecho de las partes.
Asimismo, la iniciativa procura conciliar el principio que atribuye a las partes la carga de sus respectivas afirmaciones
de hecho, con la facultad que corresponde al juzgador para decretar la práctica o la ampliación de diligencias
probatorias con el objeto de formar su propia convicción. Esta facultad se debe conferir al juzgador, no para suplir las
deficiencias de las partes, sino para formar su propia certeza sobre los hechos.
2.3. Principio de contradicción
Ninguna reforma procesal en un país democrático puede dejar de asentarse sobre el principio de contradicción, cuya
formulación se resume en el principio audiatur et altera pars y se expresa en el deber que tiene el juzgador de no
resolver las peticiones o promociones de cualesquiera de las partes, sin escuchar las razones de la contraparte o sin
darle la oportunidad de expresarlas. Este es uno de los principios generales del derecho a que se refiere el párrafo