codigo de procedimientos civiles para el estado de tabasco

de carácter vertical y ordinario, sólo contra sentencias y excepcionalmente contra autos expresamente previstos en
la iniciativa. El recurso de apelación debe limitarse básicamente a las cuestiones de derecho que exprese el apelante
en sus agravios, y sólo de manera excepcional podrán admitirse pruebas en segunda instancia. En todos estos
recursos el impugnador deberá expresar sus motivos de inconformidad en el mismo escrito de interposición.
De acuerdo con el principio iura novit curia, el Tribunal, si bien ha de limitarse a los agravios expresados por el
recurrente, debe conservar el poder de determinar el derecho aplicable sin que quede vinculado a los preceptos
legales citados por las partes.
2.6. Principio de lealtad y probidad
El proceso civil debe ser considerado por las partes y sus abogados como un instrumento del Estado para solucionar
conflictos con arreglo al derecho, y no como una hábil maquinación para obtener la satisfacción de pretensiones
injustas o ilegales. El movimiento hacia el acceso a la justicia procura que el resultado final del proceso no dependa
de la mayor o menor habilidad de las partes o de sus abogados, sino de la razón jurídica de sus pretensiones.
Por ello la iniciativa establece, como lo han hecho los más modernos códigos procesales, el deber de las partes y de
sus abogados de comportarse con lealtad y probidad, y evitar la mala fe procesal; y faculta al juzgador para desechar
de plano todos los incidentes, recursos y promociones notoriamente improcedentes y sancionar, mediante medidas
disciplinarias y condenas al pago de daños y perjuicios, la conducta maliciosa de las partes o de sus abogados, tal
como se señala en el artículo 5º. El comportamiento desleal y la falta de probidad también deben sancionarse
penalmente cuando lleguen a constituir delitos tales como la desobediencia a un mandato de autoridad, la falsedad
en declaraciones ante la autoridad judicial, el fraude procesal, etcétera.
2.7. Diversidad de procesos
Si bien la iniciativa procura simplificar y reducir al máximo los procesos especiales, no es posible sostener la idea de
un proceso único, como lo intentó el Código Federal. La iniciativa trata de conciliar esta sana tendencia hacia la
simplificación y la unificación, con la necesidad de prever procesos especiales cuando la naturaleza del litigio a
resolver así lo exija.
Así, al lado del proceso ordinario -al que se ha hecho referencia al tratar el principio de oralidad-, se prevén, entre
otros, los procesos universales- concurso y procedimientos sucesorios-, los relativos a la familia y al estado civil de
las personas, los juicios sobre posesión y propiedad, los juicios ejecutivos, el juicio arbitral y el de mínima cuantía
ante la justicia de paz. Este último debe tratar de ser lo más breve y sencillo posible, para hacer costeable y útil a los
justiciables su utilización, sin menoscabo del respeto de las formalidades esenciales del procedimiento.
2.8. Régimen de la prueba
Esta es una de las materias en las cuales el Código del Distrito Federal de 1932, sí introdujo modificaciones de
importancia, en particular la facultad que el artículo 279 otorga a los juzgadores para decretar la ampliación o
práctica de cualquier diligencia probatoria para lograr el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados,
imponiéndole el deber de respetar, en todo caso, los principios de contradicción y de igualdad procesal. A su vez, el
Anteproyecto de 1948 delimitó el objeto de la prueba, estableció reglas más precisas sobre la carga de la prueba, e
introdujo la prueba del testimonio de parte, al lado de la confesión. Estas aportaciones son recogidas en el Título
Tercero del Libro Segundo de esta iniciativa.