Tomo I - DHnet

obtener los recursos económicos necesarios para el pago dereparaciones a las víctimas de violación de los derechos humanos.45. Publicar a través del Estado la identidad de los victimarios ocolaboradores, que hayan sido declarados como tales en juicio, anivel nacional y especialmente en su comunidad y entorno, comomedida ejemplar y moral, buscando terminar con la impunidad.46. Instar a que el Ministerio de Relaciones Exteriores proponga, en elámbito del Mercosur, el análisis desde el punto de vista de losderechos humanos del “Operativo Cóndor” y presente sus resultadosa los órganos pertinentes del Estado para que se impulsen los juicioscontra los responsables intelectuales y materiales del mismo.47. Insistir desde el Estado en la extradición y castigo de los victimariosidentificados que se encuentran en el extranjero, disponiendo paraello de todos los medios judiciales y diplomáticos, y rindiendo cuentasal Congreso de las actuaciones que se lleven a cabo para talfinalidad. En ese sentido, recomendar al Juez competente quesolicite inmediatamente la extradición de Sabino Augusto Montanaro,Antonio Campos Alum y otros responsables de violaciones dederechos humanos, de acuerdo a los numerosos testimoniosprocesados en la Comisión de Verdad y Justicia.SÌntesis y CaracterizaciÛn del RÈgimen 1954 - 200348. Solicitar a los gobiernos de los Estados extranjeros donde residanbajo cualquier condición jurídica paraguayos responsables deviolaciones de derechos humanos, que lo notifiquen al Estadoparaguayo con el propósito de recurrir a la figura de la extradición ypoder juzgar a esos presuntos responsables o que de lo contrariolos juzguen bajo el principio de la jurisdicción universal.49. Incluir en todo tratado de extradición del que Paraguay vaya aformar parte como una de las causales para no conceder laextradición, la presunción fundada del peligro de vida del individuoo de que será sometido a trato cruel, inhumano o degradante oque no gozará de las garantías de un debido proceso legal eimparcial, por motivos políticos.50. Dejar de abonar sueldos y pensiones por parte del gobierno a quienescometieron tortura y otras violaciones derechos humanos que seencuentran sentenciados.100