Tomo I - DHnet

36. Instar al Ministerio Público y a las autoridades judiciales nacionalesque investiguen de manera diligente los casos de violaciones dederechos humanos que han sido decididos o están siendo tramitadosen los organismos intergubernamentales de derechos humanos afin de identificar, juzgar y sancionar a los presuntos responsables.37. Solicitar al Ministerio Público que adopte las medidas correspondientescon el propósito que las propias víctimas, sus familiares oherederos puedan, individual o colectivamente, acceder a la justiciapara garantizar sus derechos. Así mismo deberá garantizar la ampliaparticipación en los procesos judiciales a todas las partes perjudicadasy a toda persona u organización no gubernamental quetenga un interés legítimo en el proceso.38. Suspender de sus deberes oficiales durante las actuaciones penaleso disciplinarias a las personas acusadas legalmente de serresponsables de violaciones de derechos humanos.39. Inhabilitar para cualquier cargo público a toda persona condenadapenalmente de ser responsable de violaciones de derechoshumanos, incluyendo a toda persona involucrada en la adjudicaciónilegal de tierras.40. Impugnar por intermedio del Defensor del Pueblo a los principalesresponsables políticos y los perpetradores directos de lasviolaciones de derechos humanos para ocupar cargos electivos oen la admi-nistración pública.41. Exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía dar de baja a susmiembros responsables de violaciones de derechos humanos yque les retiren cualquier distinción o cargo honorífico que se leshayan otorgado.42. Proseguir las investigaciones tendientes a identificar, juzgar ysancionar a los responsables de las violaciones de derechoshumanos cometidos en perjuicio de los soldados que prestaronservicio militar obligatorio durante el régimen stronista.43. Instar al Fiscal General del Estado para que investigue a losintegrantes de la Junta Electoral Central durante el régimen stronista,por su presunta responsabilidad en delitos electorales.44. Establecer mecanismos legales, judiciales y administrativos que lepermitan al Estado interponer las acciones necesarias contra losresponsables de las violaciones de derechos humanos, dirigidas aInforme Final de la CVJ99