siendo inherentes a la personalidad humana, no figurenexpresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá serinvocada para negar ni menoscabar ningún derecho o garantía”.Garantizaba los derechos económicos y sociales en los Artículos 81 a110. El Nº 111 establecía el derecho al sufragio, el Nº 117 el deorganizarse en partidos políticos, el Nº 122 el del asilo, etc. Pero almismo tiempo fijó reservas y prohibiciones que serían usadas pararestringir o anular los mismos derechos garantizados por ella. El Nº 71prohibía “predicar el odio entre los paraguayos, ni la lucha de clases,ni hacer la apología del crimen o de la violencia”, en una fórmula quesustentó tres años más tarde la ley de excepción N° 209/70.SÌntesis y CaracterizaciÛn del RÈgimen 1954 - 2003La Constitución de 1967 establecía el estado de sitio como exclusivaatribución del Poder Ejecutivo, sin control parlamentario, y suprimió elderecho de opción para salir del país, en tanto que la Corte Supremade Justicia interpretó que el estado de sitio suprimía el hábeas corpus,con lo que un detenido durante su vigencia nunca podría sabercuándo recobraría la libertad, originándose detenciones por décadassin proceso judicial alguno.El rechazo a la jurisprudencia internacionalDespués de la guerra civil de 1947 la OEA y las Naciones Unidasempezaban a elaborar los instrumentos internacionales y americanosde derechos humanos. Si bien Paraguay fue signatario de la ConvenciónAmericana de Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San Joséde Costa Rica, que creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos),el Parlamento ratificó esa Convención sólo después de la caídade Stroessner (1989).Desde la misión de Javier Pérez de Cuellar –en carácter de SecretarioGeneral Adjunto para Asuntos Políticos Especiales de las NacionesUnidas– al país, en noviembre de 1979, las autoridades responsabilizabanal Legislativo de la renuencia a aprobar este instrumento(NN.UU.-CES, 1980: 274).Dado el carácter dictatorial del régimen, la vigencia permanente delestado de sitio, la vigencia de leyes de excepción, como la Nº 294 y la209, y las constantes violaciones de derechos humanos, esta negativaa ratificar convenios multilaterales sobre la materia era previsible.Según el enviado especial de las Naciones Unidas, Rafael RivasPosadas, cuyas misiones se dieron a fines de la dictadura, el Paraguayera154
“uno de los países menos inclinados a adquirir compromisosinternacionales, mediante el establecimiento de vínculosmultilaterales de obligatorio cumplimiento. De los convenios internacionalesrelativos a los derechos humanos celebrados en elmarco y con el patrocinio de las Naciones Unidas, el Paraguaysólo ha firmado, sin ratificar, dos, y ha ratificado otros dos, de untotal de veintidós instrumentos” (NN.UU.-CES, 1986: 1047).Además de suscribir –sin ratificar– el Pacto de San José de Costa Ricaya citado, Paraguay había firmado la Convención sobre la Prevencióny Castigo del Crimen de Genocidio y la Convención sobre los DerechosPolíticos de la Mujer. El Poder Legislativo se limitó a ratificar laConvención y el Protocolo Relativo al Estatuto de los Refugiados.En consecuencia, en 1987 la Comisión de Derechos Humanos delas Naciones Unidas recomendaba al gobierno paraguayo“que considere activamente la posibilidad de pasar a ser parteen los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos,tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacionalsobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racialy la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,Inhumanos y Degradantes, etc.” (NN.UU.-CES, 1987: 1015).Estas recomendaciones fueron desoídas por el stronismo y recién en1989, tras el golpe que derrocó a Stroessner, Paraguay ratificó el Pactode San José de Costa Rica, la Convención de las Naciones Unidascontra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos yDegradantes, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionarla Tortura y la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.Una dictadura electoralistaSegún la Constitución de 1940, el titular del Ejecutivo sólo podía serreelecto una vez (Artículo 47). Su segundo mandato fue de 1958 a1963 y, por una ley interpretativa aprobada por el Parlamento quesustituyó al disuelto en 1959, fue considerado primer periodo presidencial“(Ley de Sucesión Presidencial)”. Recién el tercero (1963-1967) fue considerado como el de su reelección.Estos tres comicios (1954, 1958 y 1963) se dieron con proscripciónde partidos de oposición, 26 sin libertades de expresión ni de prensa, ycon centenares de presos políticos y exiliados. De 1954 a 1987 el26Como se mencionó, una pequeña fracción del liberalismo participó en 1963, para dar apariencia decompetitividad a estos comicios nacionales.Informe Final de la CVJ155
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