"Eso es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia ... - Acnur

“ESO ES LO QUE NOSOTRAS EXIGIMOS. QUE SE HAGA JUSTICIA.”IMPUNIDAD POR ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL COMETIDOS CONTRA MUJERES EN EL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIA9El gobierno del presidente Santos, que tomó posesión en agosto de 2010, ha modificado encierta medida la postura hostil del gobierno anterior hacia las cuestiones de derechoshumanos en general, y los defensores y defensoras de estos derechos en particular. 12También ha promulgado una ley, la denominada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras(Ley 1448 de 2011), sancionada en junio de 2011, que según el gobierno aborda losderechos de las víctimas a una reparación integral. Pese a algunos defectos, esta ley es unimportante paso hacia el reconocimiento y la compensación de al menos algunas, aunquecrucialmente no todas, las víctimas del conflicto armado y la devolución de parte de losmillones de hectáreas de tierras robadas a sus legítimos propietarios. 13El presidente Santos ha reconocido también la existencia de un conflicto armado interno, enmarcado contraste con el enfoque de su predecesor, Álvaro Uribe Vélez, que enmarcó enreiteradas ocasiones las hostilidades en la “guerra contra el terror”, menoscabando así laaplicación del derecho internacional humanitario, que sólo se aplica a situaciones deconflicto armado, y permitiendo que los responsables de los ataques contra civiles eludieranla rendición de cuentas. Sin embargo, las bien recibidas declaraciones públicas delpresidente Santos sobre los derechos humanos aún han de traducirse en mejoras prácticaspara quienes corren el riesgo de sufrir violaciones de estos derechos.La realidad es que los homicidios y las amenazas contra líderes de comunidades desplazadasy contra las personas que reivindican la devolución de las tierras robadas han aumentadodurante su gobierno, mientras que las personas que participan en investigaciones penalesrelacionadas con los derechos humanos, como víctimas, testigos, abogados, fiscales y jueces,siguen siendo objeto de amenazas y homicidios.Defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y líderes comunitarios,continúan sufriendo amenazas y homicidios, sobre todo a manos de grupos paramilitares.Algunos incluso son acusados de estar relacionados con grupos guerrilleros. Esto hadesembocado en la apertura de actuaciones penales contra ellos, a menudo falaces, basadasmuchas veces sólo en declaraciones de informantes o en acusaciones coordinadas por losservicios de inteligencia militar y posteriormente recogidas en expedientes desacreditados deesos servicios.Dado que la mayoría de las investigaciones penales infundadas contra defensores ydefensoras de derechos humanos suelen basarse en expedientes desacreditados de lainteligencia militar y en expedientes en poder de otras organizaciones de la seguridad delEstado, los grupos de derechos humanos y la alta comisionada de las Naciones Unidas paralos derechos humanos llevan años pidiendo que dichos expedientes se purguen para eliminarla información falsa que contienen sobre activistas de derechos humanos. Pese a lasgarantías de sucesivos gobiernos colombianos, no se ha hecho ningún avance en estadirección. El último esfuerzo, coordinado por la Procuraduría General de la Nación, tampocoha logrado hasta el momento ningún resultado tangible.GRUPOS GUERRILLEROSLos grupos guerrilleros surgieron en la década de 1950, durante La Violencia, un sangrientoconflicto que en muchos aspectos fue una guerra civil. En este periodo, los grupos armadosvinculados al Partido Liberal y al Partido Comunista fueron empujados hacia zonas remotasdel país y fueron el núcleo de lo que en la década de 1960 se había convertido en lasÍndice: AMR 23/018/2011 Amnistía Internacional septiembre de 2011