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32“ESO ES LO QUE NOSOTRAS EXIGIMOS. QUE SE HAGA JUSTICIA.”IMPUNIDAD POR ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL COMETIDOS CONTRA MUJERES EN EL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIAprofiláctico para evitar enfermedades de transmisión sexual, incluida la profilaxispostexposición para el VIH; 40 atención psicológica inmediata e intervención de crisis para lavíctima y su familia; apoyo psicológico especializado para tratar el trauma; asistencia forense;asistencia de un trabajador social; y medidas de protección para mantener a la víctima asalvo de sus agresores.Las normas internacionales exigen que los Estados proporcionen a las sobrevivientes de laviolencia sexual atención para la salud y rehabilitación. 41 Según la legislación de Colombia,el Estado tiene la obligación de proporcionar atención para la salud a las víctimas de laviolencia sexual, incluida asistencia psicológica y psiquiátrica; 42 acceso a exámenes ytratamiento para prevenir el VIH/sida y las enfermedades de transmisión sexual; y tratamientopara los traumas físicos y emocionales. 43 Sin embargo, en la realidad la mayoría de lassobrevivientes no buscan ayuda de inmediato por miedo a ser estigmatizadas, porque en lapráctica carecen de información sobre los limitados servicios disponibles o de acceso a ellosy por motivos de seguridad. El acceso a los servicios de salud es especialmente difícil en laszonas rurales, donde se cometen gran parte de los actos de violencia relacionados con elconflicto.Muchas sobrevivientes de la violencia sexual no tienen más opción que obtener serviciosmédicos y atención inmediata, como anticoncepción de emergencia, en las redes sociales yde asistencia que gestionan las ONG de mujeres u organizaciones privadas. Aunque el abortoen casos de violación, deformación grave del feto o riesgo para la salud o la vida de la madrese despenalizó en 2006, muchas sobrevivientes de la violación que deciden interrumpir elembarazo no pueden hacerlo, sea por la presión familiar o de la comunidad o porquesimplemente no disponen de medios. En cualquier caso, la posibilidad de tener acceso aciertos servicios está limitada por razones económicas. Por ejemplo, las mujeres que vivenlejos de los centros de salud o en zonas de conflicto armado no tienen los recursos paradesplazarse a las pocas instalaciones disponibles, o a veces simplemente desconocen suexistencia.DANIELAEn abril de 2009, Daniela (no es su nombre real), de 18 años, y una amiga suya fueron violadas en eldepartamento de Bolívar por un presunto paramilitar. Daniela cuenta así lo que ocurrió:“Salimos a buscar leña con mi amiga. Cuando veníamos para la casa, un hombre nos abordó y dijo queteníamos que entrarnos al monte con él. Tenía un cuchillo con el que nos amenazó. Allí nos obligó adesnudarnos. Yo le dije que tenía el periodo y él dijo que no importaba. Después nos obligó a besarnos las dosy acostarnos en el piso. Nos escupió en la cara para que nos tragáramos la saliva de él y nos violó. Nos obligóa tener sexo oral y anal.Nosotras le decíamos que nos dejara ir porque teníamos bebecitos que teníamos que llegar a alimentar, peroél nos decía que si no hacíamos lo que él nos decía no volveríamos a ver los bebés, y que él participaba en [losgrupos paramilitares] las Águilas Negras y los Rastrojos. Después yo logré empujarlo y él se cayó y empezamosa correr. Él me alcanzó o través, pero mi amiga se escapó, y pudo avisar para que me fueran a buscar. Él mehizo caminar bastante y decía que me iba a utilizar para escaparse [del pueblo].”Amnistía Internacional septiembre de 2011 Índice: AMR 23/018/2011
“ESO ES LO QUE NOSOTRAS EXIGIMOS. QUE SE HAGA JUSTICIA.”IMPUNIDAD POR ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL COMETIDOS CONTRA MUJERES EN EL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIA33La joven que huyó alertó a una organización de mujeres que estaba visitando la zona. La policía dijo que nopudo responder porque la mujer estaba retenida en una zona rural, que es jurisdicción del ejército. Éstetambién se negó a ayudar. Después de que la organización de mujeres movilizó a otras mujeres para formarun grupo de búsqueda, la policía y el ejército reaccionaron y fueron detrás del grupo de mujeres. El hombre fuecapturado y la joven fue llevada al hospital local. Ahí, Daniela y su amiga fueron tratadas con desdén por unamédica. Una de las miembros de la organización de mujeres que las acompañó al hospital dijo: “la actitud fuesumamente despreciante aun siendo una mujer. Les mostraba el asco porque olían mal, porque venían con laropa sucia llena de sangre; digamos esto fue bastante fuerte para ellas [las víctimas].”La doctora no envió la ropa para someterla a pruebas forenses. Como dijo la miembro de la organización demujeres: “la médica dijo que no contaban con los anticonceptivos para brindarle, que eso era un deber peroque no tenían. En ningún momento las atendió una psicóloga porque no lo había en el hospital”. Tanto lapíldora del día siguiente como el apoyo psicológico les fueron proporcionados finalmente por la organizaciónde mujeres.Las violaciones fueron denunciadas a las autoridades el mismo día de la agresión, y al día siguiente, unosfuncionarios de la unidad de inteligencia de la policía visitaron a Daniela y a su amiga. Uno de los agentesllevaba una camiseta con el dibujo de un pene y las palabras “no se apene”. Preguntaron a las mujeres por suhistorial sexual. Los medios de comunicación locales informaron del caso, cuestionándose cómo un solohombre pudo haber violado a dos mujeres sin que éstas desearan tener relaciones íntimas con él. La ONG demujeres cree que la noticia fue filtrada a los medios por el hospital.El agresor fue juzgado, declarado culpable y condenado a seis años de prisión, pero como civil. Su condiciónde paramilitar no fue reconocida, ya que las autoridades alegaron que no había paramilitares puesto quesupuestamente habían sido desmovilizados a mediados de la década de 2000. La organización de mujerescree que el caso nunca habría llegado a los tribunales si no hubiera sido porque ellas estaban en el lugar enaquel momento y presionaron a las autoridades para que actuaran.Una ONG que proporciona asistencia psicosocial a varias sobrevivientes de la violencia sexualrelacionada con el conflicto, todas las cuales fueron posteriormente amenazadas y obligadasa huir de sus casas, dijo a Amnistía Internacional que aunque se diagnostica a muchassobrevivientes de trastorno de estrés postraumático, pocas si es que alguna habían recibidotratamiento psicológico a cargo del Estado. En los pocos casos en que se recibió dicha ayudaen los hospitales, rara vez el tratamiento fue aplicado por especialistas. En un caso, seprodujeron demoras en acceder a practicarle un aborto legal a una niña de 13 años quehabía sido violada por paramilitares en el este del país. Cuando por fin se acordó practicarlo,había cambiado de opinión. Según informes, la niña está tan traumatizada por la experienciaque ha rechazado al niño. En otro caso, una mujer violada en 2009 tuvo que esperar más dedos semanas a recibir medicación antirretroviral del Estado, y tampoco recibió ningunaasistencia psicosocial que podría haberla ayudado a denunciar formalmente el delito.Finalmente, una ONG pagó la asistencia psicosocial y organizó y se hizo cargo del traslado dela sobreviviente a una zona segura. El Estado se negó a ayudar a menos que la mujerestuviera dispuesta a denunciar la agresión ante las autoridades judiciales.Muchas de las sobrevivientes que hablaron con Amnistía Internacional no habían denunciadoformalmente la violencia sexual que habían experimentado, pero la mayoría de quienes sí lohabían hecho dijo que no habrían tenido fuerzas para hacerlo sin el apoyo psicológico yÍndice: AMR 23/018/2011 Amnistía Internacional septiembre de 2011
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