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16“ESO ES LO QUE NOSOTRAS EXIGIMOS. QUE SE HAGA JUSTICIA.”IMPUNIDAD POR ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL COMETIDOS CONTRA MUJERES EN EL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIA3. LOS OBSTÁCULOS PARA LAJUSTICIA POR CRÍMENES DE LESAHUMANIDAD Y CRÍMENES DEGUERRA“Nos discriminan y prácticamente nos llevancomo culpables. La sociedad cree que la culpablefue la mujer.”Mari (no es su nombre real), líder comunitaria y sobreviviente de la violencia sexual, febrero de 2011La impunidad persiste debido a varias razones complejas e interrelacionadas. La falta devoluntad política que vienen mostrando históricamente las autoridades y la obstrucción a lajusticia han contribuido a garantizar que los autores no responden ante la justicia de susactos. También existen barreras adicionales y muy específicas para la administración efectivade la justicia, como las amenazas y homicidios de quienes participan en investigacionespenales relacionadas con los derechos humanos. La falta de seguridad, probablemente másque cualquier otro factor, disuade a la mayoría de las víctimas de denunciar los abusos.Testigos, familias de víctimas, fiscales, abogados y jueces que participan en investigacionesrelacionadas con los derechos humanos también han sido objeto de homicidios, amenazas yvigilancia.Otro obstáculo clave es el hecho de que el sistema de justicia militar sigue reclamando lajurisdicción en algunos casos de violaciones de derechos humanos en los que estánimplicados miembros de las fuerzas de seguridad, pese a que en 1997 la CorteConstitucional excluyó estos casos de la jurisdicción militar. Los casos investigados por elsistema de justicia militar son cerrados sistemáticamente sin ningún intento serio de hacerque los responsables rindan cuentas de sus actos. Tras un periodo en el que aumentó elnúmero de casos trasladados por el sistema de justicia militar a los tribunales civiles, elúltimo año aproximadamente se ha producido un descenso acusado de estos traslados.Un problema adicional es la inexistencia de una coordinación efectiva entre las numerosasinstituciones colombianas que tienen competencias en la denuncia, registro e investigaciónde violaciones de derechos humanos. Estas incluyen las Unidades de Derechos Humanos yde Justicia y la Paz, y las fiscalías seccionales (oficinas regionales) de la Fiscalía General deAmnistía Internacional septiembre de 2011 Índice: AMR 23/018/2011
“ESO ES LO QUE NOSOTRAS EXIGIMOS. QUE SE HAGA JUSTICIA.”IMPUNIDAD POR ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL COMETIDOS CONTRA MUJERES EN EL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIA17la Nación; la Corte Suprema de Justicia, diversas unidades de la Procuraduría General de laNación con responsabilidades en derechos humanos y en el proceso de Justicia y Paz; laDefensoría del Pueblo y las oficinas regionales de la Comisión Nacional de Reparación yReconciliación (CNRR). 25 Aunque en teoría los diferentes órganos de investigación compartenla información, hay serias dudas sobre la eficacia de su colaboración.El sistema de justicia también está aquejado de graves ineficiencias burocráticas y de faltade fondos, lo que se traduce en la sobrecarga de trabajo de los fiscales, muchos de los cualesmanejan cientos de casos a la vez, lo que ha desembocado en retrasos inaceptables y en lalentitud de la administración de justicia. La formación dirigida a funcionarios de justicia,sobre todo en áreas especializadas como la violencia sexual, es irregular en el mejor de loscasos y, en partes remotas del país, casi inexistente. La corrupción y la infiltración deparamilitares, la guerrilla y el crimen organizado en partes del sistema judicial también hancontribuido a debilitar el Estado de derecho. Además, el hecho de que las instituciones delEstado no ofrezcan una asistencia ulterior efectiva —como asistencia médica, psicosocial yeconómica— a las víctimas, y especialmente a las sobrevivientes de la violencia sexual, hacontribuido también a la reticencia de las víctimas a buscar justicia. Estas múltiples barreraspara la justicia quedan patentes sobre todo en los casos de violencia sexual en el contextodel conflicto.Algunas de las políticas del ex presidente Uribe, así como su hostilidad hacia los defensoresy defensoras de derechos humanos y ciertos sectores del poder judicial, especialmente laCorte Suprema de Justicia, consolidaron aún más una impunidad ya generalizada porcrímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. 26 Muchas de estas políticas, como laconcesión de poderes de policía judicial a las fuerzas armadas, fueron anuladas finalmentepor la Corte Constitucional; sin embargo, otras siguen en vigor, como la Ley de Justicia y Paz,un mecanismo de “justicia restitutiva” que ha permitido que miles de paramilitares eludan laacción de la justicia por violaciones graves de derechos humanos (véase el capítulo 4).A diferencia de su antecesor, el presidente Santos ha tratado de mejorar la relación del poderejecutivo con el judicial. Sin embargo, aunque ha afirmado en reiteradas ocasiones elcompromiso de su gobierno con poner fin a la impunidad, Colombia sigue fallando a lasvíctimas y a la ciudadanía en general al no investigar y enjuiciar los crímenes de lesahumanidad y crímenes de guerra, incluidos los crímenes de violencia sexual, de una formaadecuada y efectiva.Ciertos sectores del poder judicial muestran desde hace tiempo su compromiso con la luchacontra la impunidad a pesar de todas las circunstancias desfavorables. Entre ellos figuran laCorte Suprema y algunos fiscales de la Fiscalía General de la Nación, que es el órganoresponsable de investigar los delitos, incluidas las conductas que constituyan crímenes delesa humanidad y crímenes de guerra. Cientos de fiscales, abogados y jueces han recibidoamenazas y algunos han sido asesinados como consecuencia de su labor.La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), de carácter semioficial,creada en aplicación de la Ley de Justicia y Paz (véase el capítulo 4) para hacer valer losderechos de las víctimas, también ha hecho esfuerzos para reconstruir la memoria históricaen varios casos clave de derechos humanos. Asimismo, es innegable que algunos autores deabusos contra estos derechos, aunque cabe destacar que no los autores de crímenes sexualesÍndice: AMR 23/018/2011 Amnistía Internacional septiembre de 2011
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