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26“ESO ES LO QUE NOSOTRAS EXIGIMOS. QUE SE HAGA JUSTICIA.”IMPUNIDAD POR ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL COMETIDOS CONTRA MUJERES EN EL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIAANA MARÍAAna María (no es su nombre real) es líder de un movimiento de víctimas del departamento de Antioquia. Enfebrero de 2007, estaba visitando a una sobreviviente de la violencia sexual cuando llegaron a la casa unoshombres que dijeron pertenecer al grupo paramilitar Águilas Negras que conminaron a Ana María a queabandonara su labor por los derechos humanos y violaron a las dos mujeres.A pesar de la agresión, Ana María prosiguió su labor. Los paramilitares la amenazaron de nuevo y le dijeronque tenía 15 días para marcharse de la zona. Con la ayuda del programa de protección del Ministerio delInterior, se fue a Bogotá en octubre de 2007. Estuvo tres meses en el programa de protección para líderes,aunque actualmente ya no lo está.El caso de Ana María fue trasladado a la Unidad de Derechos Humanos en septiembre de 2008, pero a pesarde las reiteradas solicitudes, los fiscales de la Unidad no la entrevistaron hasta septiembre de 2009. Ese mesAna María sufrió dos intentos de secuestro en Bogotá, pero las autoridades se negaron a volver a incluirla enel programa de protección, alegando que no tenía una “participación eficaz” en la investigación puesto que nohabía podido identificar a quienes la habían violado.En marzo de 2010, Ana María solicitó una acción de tutela para que el Estado la incluyera en el programa deprotección del Ministerio del Interior, que fue desestimada. Cuando se redacta este informe, está pendiente deresolución su apelación ante la Corte Constitucional. Debido al temor por su seguridad y dado que el Estadono la protegía, Ana María decidió no colaborar más con la investigación que, de todas maneras, estabahaciendo pocos avances, si es que había hecho alguno.En los últimos años, las ONG de derechos humanos, incluidas las organizaciones de mujeresque trabajan con mujeres sobrevivientes como la Corporación Sisma Mujer y la Liga deMujeres Desplazadas, han recibido numerosas amenazas de muerte de grupos paramilitarescomo las Águilas Negras y los Rastrojos. En los últimos años, más de 50 mujeres quetrabajaban con la Iniciativa de las Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) han recibidotambién amenazas, sobre todo de los paramilitares. Muchas de las amenazadas habíandenunciado crímenes de violencia sexual a las autoridades.El 8 de abril de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidascautelares a favor de la Corporación Sisma Mujer y de dos mujeres y de los hijos de una deellas, que participaban en un programa coordinado por la ONG. Dichas medidas, que pidenal Estado que proteja a las personas amenazadas, se concedieron en respuesta a lasamenazas realizadas contra la Corporación Sisma Mujer por el grupo paramilitar conocidocomo Bloque Metropolitano de las Águilas Negras en enero de 2010. Las dos mujeres fuerontambién amenazadas, y a una de ellas le dijeron que iban a matar a su hijo. Algunasorganizaciones de mujeres han afirmado que las amenazas dirigidas contra ellas y contramujeres desplazadas que participan en iniciativas para reclamar sus derechos aumentarontras el Auto 092 de 2008. Creen que ello se debe en parte a que la resolución judicialaumentó la confianza de las mujeres para denunciar actos de violencia y, por tanto,representaba una mayor amenaza para los autores de abusos contra los derechos humanos yde violaciones del derecho internacional humanitario.Más de un año después, las medidas de protección acordadas entre las autoridades y laCorporación Sisma Mujer no se han aplicado totalmente, sobre todo en lo relativo a laAmnistía Internacional septiembre de 2011 Índice: AMR 23/018/2011
“ESO ES LO QUE NOSOTRAS EXIGIMOS. QUE SE HAGA JUSTICIA.”IMPUNIDAD POR ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL COMETIDOS CONTRA MUJERES EN EL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIA27seguridad de las oficinas de la ONG. Además, no se ha hecho ningún avance en lainvestigación de las amenazas recibidas por la organización. Cuando se redacta este informe,la investigación sobre las amenazas estaba a cargo de una de las fiscalías seccionales de laFiscalía General de la Nación, a pesar de que la ONG ha pedido en reiteradas ocasiones eltraslado del caso a la Unidad de Derechos Humanos de Bogotá.El 19 de junio de 2011, varias organizaciones de mujeres, incluida la Corporación SismaMujer, recibieron otra amenaza de muerte más por correo electrónico del grupo paramilitarÁguilas Negras, que decía: “Sentencia a la pena de muerte a las perras guerrilleras de lasfarc [sic] las cuales se oponen a las políticas de nuestro gobierno”. El texto proseguíadiciendo que tenían 20 días para marcharse de la ciudad.Por lo general, las autoridades encargadas de las investigaciones parecen descartar un motivopolítico tras este tipo de amenazas de muerte, alegando que proceden de Bacrim queintentan recaudar dinero mediante la extorsión. Sin embargo, dado que las víctimas de estasamenazas son defensores de derechos humanos que denuncian abusos contra estos derechosa manos de agentes estatales, así como líderes comunitarios y sindicalistas, esta afirmaciónresulta difícil de justificar.“No esperábamos las amenazas y produjeron el efecto que buscan, miedo; en consecuencia,afectaron el trabajo durante varios meses mientras logramos adoptar las medidas necesarias,de autoprotección, denuncia y visibilidad internacional.”Miembro de Corporación Sisma Mujer, hablando con Amnistía Internacional de las amenazas de 2010 y de su efecto en la labor dela organización, febrero de 2011El hecho de que las autoridades del Estado no implementen con rapidez y efectividad lasmedidas de seguridad acordadas con las organizaciones de derechos humanos y de que lasautoridades judiciales no investiguen estas amenazas hace que las propias organizaciones dederechos humanos tengan que dedicar un tiempo considerable a hacer el seguimiento deestas cuestiones, en lugar de centrarse en defender y representar a las víctimas.Como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual de 2009:“A pesar de la implementación de programas y medidas de protección para víctimas ytestigos de la violencia derivada del conflicto armado, la Comisión manifiesta supreocupación por la situación de inseguridad y vulnerabilidad a la que están expuestas lasdefensoras y las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos de las mujeres. LaComisión nota que las leyes y políticas estatales diseñadas al respecto todavía no garantizanuna protección efectiva a las defensoras y organizaciones para continuar en su luchacotidiana.” 35También se han convertido en víctimas algunos familiares de las mujeres desplazadaslíderes. Jair Pantoja Berrió, el hijo más pequeño de Doris Berrió Palomino, líder de la Liga deMujeres Desplazadas, fue asesinado el 31 de agosto de 2009 en Cartagena, departamento deBolívar. En los meses y años anteriores, la Corte Constitucional, mediante los autos 200/07 y009/09, había ordenado a las autoridades colombianas que proporcionaran medidas deÍndice: AMR 23/018/2011 Amnistía Internacional septiembre de 2011
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