"Eso es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia ... - Acnur

“ESO ES LO QUE NOSOTRAS EXIGIMOS. QUE SE HAGA JUSTICIA.”IMPUNIDAD POR ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL COMETIDOS CONTRA MUJERES EN EL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIA49violencia sexual, el crimen más invisible. Las mujeres rara vez denuncian estos crímenes, ycuando lo hacen, las autoridades suelen intentar persuadirlas para que no sigan adelante consu queja. Las sobrevivientes son tratadas a menudo con desconfianza y menospreciadascomo mentirosas o “prostitutas”. Incluso cuando una mujer encuentra la fuerza parapresentar una queja, ésta rara vez es investigada, y las posibilidades de que el perpetradorsea declarado culpable son insignificantes, sobre todo si es un soldado, un paramilitar o unguerrillero. Cada paso del proceso parece concebido para bloquear los intentos de lassobrevivientes de alcanzar la verdad, la justicia y la reparación.Al mismo tiempo que confesaban ser autores de miles de homicidios y desaparicionesforzadas, los paramilitares que participan en el proceso de Justicia y Paz han guardadosilencio sobre sus crímenes sexuales. Lo que es crucial es que gran parte de la verdadlimitada que ha surgido lo ha hecho no como resultado directo de confesiones deparamilitares en el proceso de Justicia y Paz, sino gracias a las investigaciones que hanrealizado por su cuenta la Corte Suprema de Justicia, la Unidad de Derechos Humanos de laFiscalía General de la Nación, los defensores y defensoras de derechos humanos y losperiodistas.Por lo menos los sobrevivientes de abusos contra los derechos humanos y violaciones delderecho internacional humanitario cometidos por grupos guerrilleros, las fuerzas de seguridady los paramilitares antes de la desmovilización han sido ya reconocidos, en cierta medida, porel Estado colombiano como víctimas del conflicto armado, y por tanto tienen acceso a unapoyo estatal limitado. En cambio, las víctimas de los paramilitares “postdesmovilización”(Bacrim) no han recibido siquiera este reconocimiento limitado de sus experiencias,condición y derechos. Por tanto, se les están negando sus derechos a la protección y a lareparación, o a la asistencia del Estado si han sido desplazadas por estos grupos. Cualquieresfuerzo serio para garantizar justicia por las injusticias padecidas, tanto pasadas comoactuales, debe implicar a todas las víctimas del conflicto, con independencia de quién sea elautor.Tras la publicación del informe de Amnistía Internacional sobre la violencia sexual en elconflicto, en 2004, las autoridades colombianas han adoptado algunas medidas para abordaralgunos de los arraigados problemas asociados a la denuncia y el enjuiciamiento de laviolencia sexual. Además, la histórica resolución de la Corte Constitucional de 2008 hacontribuido a que la cuestión sea más visible y ha dado valor a muchas mujeres para alzarsepor sus derechos. Pero en la práctica, ha habido pocas mejoras concretas en las experienciasde las sobrevivientes de crímenes de violencia sexual cuando buscan verdad, justicia yreparación. Pocas recomendaciones de Amnistía Internacional de 2004 han sido aplicadasefectivamente, sea por las autoridades estatales o por los grupos guerrilleros. En resumen,siguen cometiéndose numerosos crímenes de violencia sexual en el contexto del conflicto, losobstáculos para denunciarlos siguen siendo abrumadores y a menudo insuperables, y lasautoridades siguen sin enjuiciar a los autores o sin ofrecer un apoyo, asistencia y protecciónefectivos y adecuados a las sobrevivientes.No cabe duda de que el conflicto armado ha exacerbado el problema de la violencia sexual yha contribuido a la impunidad. Sin embargo, los gobiernos no pueden justificar su inaccióncon la continuación de las hostilidades. Lo que es evidente, sin embargo, es que paracombatir los crímenes de violencia sexual relacionados con el conflicto de un modo efectivo yÍndice: AMR 23/018/2011 Amnistía Internacional septiembre de 2011