"Eso es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia ... - Acnur

30“ESO ES LO QUE NOSOTRAS EXIGIMOS. QUE SE HAGA JUSTICIA.”IMPUNIDAD POR ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL COMETIDOS CONTRA MUJERES EN EL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIAtestigo. También suele provocar que se retire del caso a especialistas capacitados. Esta faltade continuidad también aumenta el riesgo de que se filtre o se pierda información delicada. 39La aplicación de numerosas resoluciones y memorandos con protocolos para investigar laviolencia sexual es una medida bien recibida, pero si no hay personal especializado paraimplementarlos efectivamente, estos mecanismos no se traducirán en mejoras reales en lasinvestigaciones. Varias ONG de mujeres subrayaron que, según su experiencia, muchosfiscales y defensores públicos simplemente no conocen los diversos protocolos y, por tanto,no están en condiciones de aplicarlos. Además, no existen sanciones para los funcionariosque no implementan estos protocolos.Al parecer, la Fiscalía General de la Nación tampoco ha aplicado la orden de la CorteConstitucional de crear una subunidad integrada por tres fiscales especializados. Cuando seredactan estas líneas, esta subunidad tenía sólo un funcionario especializado trabajando atiempo completo. Otra dificultad es la falta de continuidad, pues el puesto ha sido ocupadopor al menos tres fiscales distintos desde que se creó en virtud del Auto 092 de 2008 de laCorte Constitucional.INVESTIGACIONES REGIONALES AISLADASLa mayoría de los pocos casos de violencia sexual cometidos en el contexto del conflictoarmado que se están investigando están en manos de fiscales de las seccionales de laFiscalía General de la Nación, y no de unidades especializadas, como la Unidad de DerechosHumanos o la de Asuntos Humanitarios, en la oficina nacional de Bogotá. De los 183 casosde violencia sexual incluidos en el Auto 092, 109 están siendo investigados por fiscalíasseccionales. Los 68 casos en investigación que no se enumeran en el Auto 092 están en sutotalidad en fiscalías seccionales. La dispersión de estos casos en las seccionales planteavarios motivos de preocupación:• A menudo los casos se están investigando de forma aislada, sin examinar las constantesde los abusos que cometen los grupos armados ilegales. Esto podría desembocar también enla clasificación incorrecta de los crímenes. Por ejemplo, si un crimen no es clasificado comocrimen relacionado con el conflicto, no puede considerarse un crimen contra personasprotegidas en virtud del derecho internacional humanitario. Esto dificulta atribuir laresponsabilidad a quienes están en los niveles superiores de la cadena de mando.• Investigar la violencia sexual en el lugar donde se cometió el crimen conlleva riesgos deseguridad significativos en una situación de conflicto armado. Esto es especialmente ciertodado que en muchos casos el grupo al que pertenecen los agresores sigue controlando lazona. Los grupos paramilitares y, en menor medida, las fuerzas guerrilleras, han logrado enmuchos casos infiltrarse en sectores del aparato del Estado en el ámbito regional. Además,los funcionarios locales son más sensibles a la presión de estos grupos. Por otra parte, lasvíctimas, sus familias, así como los fiscales, jueces y abogados corren más riesgo de seramenazados e incluso asesinados en las regiones.• Las oficinas judiciales locales suelen carecer de los recursos y del personal especializadonecesario para ocuparse de las denuncias de violencia sexual, y es menos probable que losfiscales y otros funcionarios de las fiscalías seccionales tengan la formación sobre cuestionesAmnistía Internacional septiembre de 2011 Índice: AMR 23/018/2011