"Eso es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia ... - Acnur

“ESO ES LO QUE NOSOTRAS EXIGIMOS. QUE SE HAGA JUSTICIA.”IMPUNIDAD POR ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL COMETIDOS CONTRA MUJERES EN EL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIA45El hecho de que no se investiguen los crímenes de violencia sexual en el proceso de Justiciay Paz se ha visto exacerbado por la inexistencia de una estrategia institucional efectiva parainvestigar la violencia sexual. Uno de los puntos débiles más graves del proceso de Justicia yPaz es que los fiscales generalmente sólo investigan casos en los que ya han confesadoparamilitares, lo que resulta problemático, pues los paramilitares no confiesan crímenes deviolencia sexual.Aunque las ventajas judiciales dependen de que los combatientes paramilitares confiesensus crímenes, la redacción de la Ley de Justicia y Paz no es lo suficientemente inequívoca,por lo que los combatientes podrían seguir obteniendo ventajas judiciales incluso si no hacenuna confesión completa. Los paramilitares no suelen ser sometidos a un proceso exhaustivode contrainterrogatorio y, por tanto, es difícil determinar si un procesado ha hecho unaconfesión completa o totalmente sincera. El gran volumen de trabajo de los fiscales hace quelas declaraciones de los paramilitares suelan aceptarse sin más. Los fiscales tienden a nointerrogar a los paramilitares sobre prácticas como la prostitución forzada y la esclavitudsexual que eran, y siguen siendo, habituales en las zonas del país controladas por losparamilitares. Los fiscales también tienden a no preguntar si se cometieron crímenes deviolencia sexual cuando se estaban cometiendo crímenes relacionados a menudo con laviolencia sexual, como masacres, desplazamientos forzados u homicidios selectivos.Aunque las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por paramilitares soninvestigadas por la Unidad de Justicia y Paz, las supuestas violaciones cometidas pormiembros de las fuerzas de seguridad son jurisdicción de otras unidades de la FiscalíaGeneral de la Nación, como la Unidad de Derechos Humanos, e incluso son investigadasmuchas veces por el sistema de justicia militar, pese al hecho de que, constitucionalmente,estos casos deben ser excluidos de la jurisdicción militar. Por tanto, en los casos de violenciasexual donde hay implicados paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad no existengarantías de que las diferentes unidades compartirán la información. Como consecuencia deello, las investigaciones son a menudo defectuosas y parciales.Aunque en el proceso de Justicia y Paz la identidad de las víctimas está presuntamenteprotegida, algunas sobrevivientes de actos de violencia sexual cometidos por paramilitares sehan visto obligadas, al hacer sus declaraciones voluntarias, a prestar testimonio delante desus agresores o de miembros de la comunidad. En otros casos, los fiscales de la unidad hanvisitado comunidades rurales pidiendo información sobre posibles víctimas de abusossexuales, o han visitado a sobrevivientes en sus propios domicilios, en zonas donde hay unapresencia paramilitar manifiesta.LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOSTras el homicidio en 2007 de varias líderes que participaban en el proceso de Justicia y Paz,incluidas Yolanda Izquierdo y Carmen Cecilia Santana Romaña, 66 la Iniciativa de las MujeresColombianas por la Paz (IMP), que presta apoyo a víctimas de violencia sexual relacionadacon el conflicto, presentaron una acción de tutela ante los tribunales en la que pidieron algobierno que diera protección a las líderes de la organización y a las mujeres a quienesprestaban apoyo y asistencia en el proceso de Justicia y Paz. Mientras los tribunalesdeliberaban, el gobierno promulgó el Decreto 3570 de 18 de septiembre de 2007, por el quecreó el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 (véase el capítulo 3).Índice: AMR 23/018/2011 Amnistía Internacional septiembre de 2011