CUENCA MATANZA RIACHUELO – Manual para Inspectores

Marco Legal97del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamientoracional de los mismos; controlar el impacto ambientalde todas las actividades que perjudiquen el ecosistema;promover acciones que eviten la contaminación del aire,agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuostóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho asolicitar y recibir la adecuada información y a participaren la defensa del ambiente; de los recursos naturales yculturales.Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperaciónde la calidad del agua, aire y suelo compatible conla exigencia de mantener su integridad física y su capacidadproductiva, y el resguardo de áreas de importanciaecológica, de la flora y la fauna.Toda persona física o jurídica cuya acción u omisiónpueda degradar el ambiente, está obligada a tomar todaslas precauciones para evitarlo.La Constitución ordena “...controlar el impacto ambientalde todas las actividades que perjudiquen al ecosistema...” (Artículo 28). Sin establecer la forma ni el procedimientopara instrumentar el mandato, la norma toma en cuentala necesidad de realizar evaluaciones del impacto ambientaly le otorga rango constitucional.Asimismo, deben implementarse políticas de conservacióny recuperación de la calidad del agua compatible conla exigencia de mantener su integridad física y su capacidadproductivaEl artículo 36 fija que la Provincia promoverá la eliminaciónde los obstáculos económicos, sociales o de cualquierotra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de losderechos y garantías constitucionales:A tal fin reconoce el derecho a la Salud., lo que implicaque los ciudadanos bonaerenses tienen el derecho a consumiragua potable y a respirar aire sin contaminantes.El artículo 55 establece que el Defensor del Pueblotiene a su cargo la defensa de los derechos individuales ycolectivos de los habitantes. Ejerce su misión frente a loshechos u omisiones de la administración pública, fuerzasde seguridad, entes descentralizados o empresas del estadoque impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular,abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. Supervisala eficacia de los servicios públicos que tenga a su cargo laProvincia o sus empresas concesionarias.