Modesto Seara Vázquez - MSV

decisiones respondan al interés general de al humanidad y no a los de las potencias
hegemónicas. Lo primero implica someter a las Naciones Unidas a un proceso de
transformación, que le imprima personalidad propia. Lo segundo requiere una
democratización de todo el sistema, con reformas a la Carta, que conjuguen las
realidades sociales de un mundo formado por países de magnitudes diferentes,
con las legítimas aspiraciones de los pueblos, de tener un instrumento eficaz y
justo que se enfrente a los problemas comunes. Es importante señalar que el
igualitarismo que muchos propugnan, de un país un voto, no es realista, ni es
eficaz, ni es justo. Es ridículo sostener que se deba atribuir a Andorra el mismo
peso que a China en las votaciones de los diversos órganos de la Organización.
En esencia, propondríamos las siguientes reformas principales a la Carta de la
Organización de Naciones Unidas:
A. En lo que respecta a los principios, la igualdad de los Estados sería matizada,
para tener en cuenta las diferencias reales que existen entre ellos. La jurisdicción
interna, consagrada en el artículo 2, párrafo 7, sería interpretada de modo
diferente, en el sentido de asumir prioritariamente la obligación de la solidaridad
entre los pueblos, con el derecho y la obligación de las Naciones Unidas de
prestarles asistencia, tanto en situaciones de extrema miseria, como de desórdenes
internos graves que puedan llegar al genocidio. Al llegar a los albores del Siglo XXI
es inaceptable que se siga sosteniendo la política de Poncio Pilatos; pero al mismo
tiempo debe distinguirse claramente, entre el derecho y la obligación de la
institución universal (que representa a todos los pueblos del mundo) de actuar en
defensa de los intereses generales, y el supuesto derecho de intervención (causa
humanitatis o como se quiera presentar), individual o colectivo de un conjunto de
países que actúen al margen de las Naciones Unidas. El primer caso es, pura y
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