Limpieza social

Entre el silencio y el miedo: mediación pasiva y activa
levantó una escultura—, aunque la población sigue manifestando
el temor a la presencia de exmiembros del grupo, sin que hasta el
momento se tomen las medidas pertinentes.
Del mismo modo, la protección constitucional de poblaciones
vulneradas certifica la intervención del Estado sobre situaciones
críticas, como las citadas de la población recicladora. En Bogotá
sucedió otro tanto, el Concejo promovió medidas especiales frente
a poblaciones discriminadas objeto de exterminio: en 2005 expidió
el sistema de atención de población indigente habitante de la
calle (Bogotá, 2005, Decreto 136/05), mientras en 2008 lanzó la
política pública para la garantía de los derechos de la población
LGBTI (Concejo de Bogotá, 2008, Proyecto Acuerdo 146/08). En
todos los casos, los pronunciamientos están informados por el
principio de igualdad sobre el que se funda el Estado de Derecho,
un principio que demanda condiciones que vuelvan realidad la
igualdad material: “Un propósito central de la cláusula de igualdad
es la protección de grupos tradicionalmente discriminados o
marginados”, manifiesta la Corte Constitucional en la sentencia
sobre la población recicladora, enfatizando que tal protección se
expresa como mandato de abstención de tratos discriminatorios
y como mandato de intervención “a través del cual el Estado está
obligado a realizar acciones tendientes a superar las condiciones
de desigualdad material que enfrentan dichos grupos” (Corte
Constitucional, 2009, abril 23).
La matanza social, sin embargo, no ha movido ninguno de
estos enunciados. Pese a lo injusto y repudiable de su ejercicio,
brilla por su silencio una voz del Estado capaz de instalar en la
esfera pública el repudio a una acción que agravia la condición
de humanidad. El pronunciamiento sobre “Los Doce Apóstoles”
cumple un importante papel, deja sentada providencia jurídica
al respecto; pero, frente a la persistencia y la magnitud de la
práctica, ese y otros pronunciamientos (como el de la masacre
de Santa Viviana y el juicio contra los bloques Catatumbo y Fronteras)
no dejan de ser enunciaciones puntuales que no suman a
una voluntad colectiva decidida a detener de una vez por todas las
operaciones de aniquilamiento. Las Cortes se limitan a resolver
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