Limpieza social

Limpieza social
Una violencia mal nombrada
los litigios jurídicos o a incluir el tema en las exposiciones de
motivos, como si los comprobados episodios de matanza social
fueran simples eventos aislados ocurridos en un sitio y contra
una población específica.
No es una omisión cualquiera, el silencio estatal se convierte en
una de las principales formas de sanción del exterminio social. Si
el Estado no solo calla, sino que además participa en las ejecuciones,
no hay razones para que en los sectores populares se vea con
malos ojos una práctica inscrita en la historia del barrio desde el
momento de la fundación. Una mujer joven que en un taller lanzó
una encendida defensa de la matanza, lo hizo sobre la comprobación
de un conflicto local donde el Estado se muestra inerme,
mientras, del otro lado, la ejecución lo “resuelve” de una vez y con
eficiencia. Los victimarios creen estar removiendo la “inmundicia”
en cada ocasión en que aprietan el gatillo, cuando en realidad
la ilegalidad del procedimiento llena de “mugre” la ejecución. El
exterminio social es sucio, por ello de él no se habla; el Estado
lo omite porque le enrostra su ineficacia y su complicidad, la sociedad
porque le recuerda su propensión a “resolver” el conflicto
echando mano del homicidio.
La matanza social no existe en el código penal, no se menciona
palabra alguna ni respecto a su naturaleza ni tampoco
respecto a su sistematicidad. Los contados eventos que logran
pasar por los tribunales de justicia con el reconocimiento explícito
de “limpieza social”, juzgan los crímenes sin que ninguno
de sus rasgos funcione como agravante que califica el crimen y
por tanto define la condena. Jorge Iván Laverde alias El Iguano,
jefe del Frente Fronteras, fue acusado de “los delitos de concierto
para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio en
persona protegida, fabricación y tráfico de armas y municiones
de uso privativo de las fuerzas armadas, actos de terrorismo,
tortura en persona protegida, toma de rehenes, desplazamiento
forzado y exacción o contribuciones arbitrarias” (Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 2010). Pese a su declarado
activismo en las ejecuciones de la población civil bajo la
enseña de “limpieza social”, nada de ello ingresa en la resolu-
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