BOCG-12-D-83

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 83 10 de enero de 2017 Pág. 11
tiempo y, dada la rapidez y la acumulación de trabajo que soportará el Juez, seguramente esta respuesta
carecerá de la debida atención que se le ha de prestar.
En atención a todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para hacer
efectivas las siguientes medidas alternativas a ésta comarcalización perjudicial:
1. Mantener las competencias en Violencia sobre la Mujer en el partido judicial de San Javier,
llevando a cabo un proceso de especialización, formación o dotación de recursos suficientes para
responder a los asuntos de esta índole de forma íntegra, o incluso de “especialización”, al igual que se ha
llevado a cabo en otros partido judiciales como en el de Torrevieja con una carga de trabajo inferior a la de
San Javier.
2. Desarrollar un Plan de Atención Integral a la afectada, una vez realizada la especialización, que
cubriera tanto el transporte a Cartagena desde cualquier sitio y a cualquier hora, para denunciar o para
llevar a cabo su juicio rápido, como el resto de servicios de atención a la afectada de manera inmediata.
Por supuesto, sin olvidar la dotación de más recursos humanos capaces de resolver el doble de asuntos
de los actuales (y que recordemos, nos encontramos en una situación de saturación y colapso judicial en
éste ámbito en Cartagena), más jueces especializados en ésta materia, y el personal que a ellos le
acompañan (secretarios, etc.), siendo necesario incluso la reorganización de la planta judicial dotando al
partido judicial de Cartagena de un Juzgado de Violencia sobre la mujer n.º 2.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.—Eduardo Santos Itoiz y Javier
Sánchez Serna, Diputados.—Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para que en la
inscripción en el Registro Civil se apliquen las presunciones de filiación matrimonial independientemente
del sexo de los cónyuges, para su debate en la Comisión de Justicia.
Antes de la entrada en vigor de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral
de la mención relativa al sexo de las personas, en el caso de menores nacidos en el seno de un matrimonio
formado por dos mujeres, la madre no biológica debía, tras el nacimiento, iniciar un procedimiento de
adopción.
Sin embargo, dicha Ley, en su disposición adicional primera, añadió un apartado 3 al artículo 7 de la
Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida para establecer que:
«3. Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta
última podrá manifestar ante el Encargado del Registro Civil del domicilio conyugal, que consiente en que
cuando nazca el hijo de su cónyuge, se determine a su favor la filiación respecto del nacido.»
Es decir, la Ley parece regular claramente el derecho de inscribir en el Registro Civil como hijo o hija
de ambas madres casadas al menor nacido.
Pero se producen numerosas quejas por parte de madres lesbianas que han tratado de inscribir a sus
hijos en los registros y ven vulnerado ese derecho, con los problemas e inconvenientes que eso supone
para las familias. Es el caso reciente de la negativa del juez encargado del Registro Civil de Denia a
inscribir al hijo de un matrimonio de mujeres de Alicante por no acreditar cómo fue concebido.
Algunas asociaciones de gays, lesbianas y transexuales aconsejan que si dos mujeres casadas
piensan tener familia, lo mejor es acudir antes de que nazca su hijo a conocer, en cada caso concreto, qué
es lo que el Registro que les corresponde pide y exige, para evitar sorpresas de última hora una vez que
cve: BOCG-12-D-83