BOCG-12-D-83

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 83 10 de enero de 2017 Pág. 43
Según la repuesta parlamentaria del Gobierno de fecha 22 de octubre de 2013, en las convocatorias
de 2007, 2008, 2009 y 2010 el número de prestatarios fue, respectivamente, de 3.463, 4.742, 5.183
y 2.235. El propio Gobierno es consciente del daño provocado a los afectados, a tenor del contenido de la
Orden ECD/630/2012, de 28 de marzo, por la que se deja sin efectos la Orden EDU/3320/2011, de 1 de
diciembre, por la que se regulan los préstamos universitarios para realizar estudios de posgrado de Máster
y Doctorado, y su modificación realizada por Orden ECD/250/2012, de 31 de enero. El Ministerio derogó
el sistema de préstamos por las siguientes razones que se extractan de la citada Orden: «El progresivo
deterioro de las condiciones de los préstamos universitarios ofrecidos por el Ministerio han producido una
bajada constante y continua de peticionarios de este sistema de ayudas, de más del 60 % entre la última
de 2010 y la precedente de 2009, hasta llegar a unos números previstos para este año, que no justifican
desde el punto de vista del uso eficiente de los recursos públicos, el mantenimiento de la actual
convocatoria». Y añade: «Asimismo, los préstamos de esta línea tenían una doble característica que los
hacía difícilmente asumibles por los estudiantes: menor tiempo de amortización que en convocatorias
anteriores y un elevado interés fijo para toda la vida del préstamo».
A raíz de la grave crisis económica, los afectados se encuentran en situaciones de desempleo o
precariedad. Sin embargo, las entidades financieras reclaman a los afectados el pago de las cuotas y,
entre otras prácticas, están cargando comisiones, cobrando intereses de demora abusivos e incorporando
los datos de los afectados en ficheros de morosidad, a pesar de que los fondos del programa de préstamos
son exclusivamente públicos. Ni las convocatorias ni los convenios de colaboración suscritos por el ICO
contemplan esos cargos.
El pasado 18 de noviembre de 2016, la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad y
más de 200 afectados presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración,
sin que a día de hoy el Ministerio de Educación haya ofrecido una solución a los afectados. La gravedad
de la situación personal y económica de los afectados exige una respuesta rápida y eficaz por parte del
Gobierno de España que evite la judicialización del asunto.
El acceso a la enseñanza universitaria es un derecho cuyo ejercicio debe ser facilitado por los poderes
públicos y no puede estar condicionado por el poder adquisitivo de las personas. El Gobierno de España
debe promover el ejercicio del derecho a la educación y no inducir y mantener con su política educativa
una situación de sobreendeudamiento de los estudiantes. La solución a la problemática tendría coste cero
para las arcas públicas, ya que bastaría con garantizar la aplicación de las condiciones inicialmente
previstas en el sistema a la totalidad de los préstamos y los universitarios podrían reembolsarlos cuando
su situación económica se lo permitiera.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un canal de comunicación adecuado entre el Ministerio de Educación y la Asociación
de Afectados por el Préstamo Renta Universidad para escuchar sus demandas y proporcionar respuestas
eficaces a la situación de los afectados.
2. Aprobar las normas jurídicas y llevar a cabo las actuaciones necesarias para que el reembolso de los
préstamos correspondientes a la convocatoria de 2008 y siguientes sólo tenga lugar cuando los prestatarios
posean una renta anual de 22.000 euros en cada ejercicio, extinguiéndose la deuda en todo caso a los quince
años, en consonancia con las condiciones incorporadas en el sistema de préstamos renta en 2007.
3. Exigir a las entidades financieras colaboradoras el cese de los requerimientos de pago y de las
cláusulas y prácticas relativas al cobro de comisiones e intereses moratorios y a la incorporación de datos
personales en ficheros de morosidad en relación con los contratos de todas las convocatorias del programa
de préstamos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.—Javier Sánchez Serna, Diputado.—
Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
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