BOCG-12-D-83

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 83 10 de enero de 2017 Pág. 54
General del Estado a las Comunidades Autónomas según las actuaciones previstas, asumiendo financiar
el 100 % de las obras declaradas de interés general.
En 2008, se firmó el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad
Autónoma de Aragón para coordinar y financiar las actuaciones del «Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2008-2015 y del Ciclo Integral del Agua». En dicho Convenio, el
Gobierno de España encomendaba al Gobierno de Aragón la construcción de las depuradoras del Pirineo
Aragonés, declaradas obras de Interés General del Estado, al considerar y declarar las cabeceras
pirenaicas como zonas ambientalmente sensibles, al tiempo que comprometía su financiación, en el
contexto del Plan Integral de Depuración del Pirineo. La cantidad que aportaría la Administración General
del Estado era de 169.125.000 euros, aunque posteriormente se redujo a 142.656.253 euros.
A pesar de disponer de esta financiación, a fondo perdido, al 100 % con fondos públicos, el Gobierno
de Aragón (DGA) requirió y obtuvo de la mayoría de los Ayuntamientos sus competencias de saneamiento,
para finalmente promover la construcción de esas depuradoras mediante contratos de obra y servicio con
empresas privadas. Así, con el consentimiento del MAGRAMA, se privó a los Ayuntamientos de esa
financiación pública que el Gobierno había previsto. Los fondos del Convenio fueron destinados a múltiples
obras que no eran de Interés General del Estado, aunque, sobre el papel, debían corresponder al ciclo
integral del agua en municipios de Aragón. Finalmente, ni siquiera esto se cumplió, empleándose decenas
de millones en obras, como plantas de tratamiento de purines, que en absoluto pueden considerarse parte
del ciclo municipal del agua.
Los proyectos de depuradoras en el Pirineo, como en el resto de Aragón, se sobredimensionaron y
sobre-tecnificaron, incumpliendo el principio coste/eficacia que exige la legislación europea, e ignorando
las directrices y recomendaciones oficiales del CEDEX. Con ello se multiplicaron los costes. Hoy, de
hecho, el coste de este modelo privatizado de saneamiento es diez veces superior al de Planes homólogos,
en regiones vecinas, como Rioja o Navarra.
Finalmente los concesionarios privados, que tenían la obligación de construir las depuradoras del
Pirineo, incumplieron los contratos, y la práctica totalidad de ellas sigue sin construirse. Ello no ha impedido
que, en la medida que esas obras quedaron licitadas hace años, los vecinos se vean obligados a pagar el
llamado ICA (Impuesto de Contaminación del Agua) a la DGA para financiar el servicio de saneamiento
que ellos no tienen, al tiempo que, para colmo, esos Ayuntamientos, no sólo se ven obligados a pagar a
la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) el máximo Canon de Vertido, sino que están recibiendo
fuertes multas por no disponer de depuradoras.
Es evidente que la DGA tiene graves responsabilidades en la injusta e insostenible situación creada;
pero, en la medida que se trata de Obras de Interés General del Estado, no lo es menos que el MAGRAMA
incumplió su responsabilidad de velar por que los fondos del Convenio se destinaran a construir dichas
depuradoras, como obras de Interés General del Estado.
En este contexto proponemos la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Depurar responsabilidades respecto a la desviación de esos fondos públicos, que tenían como
objetivo finalista la construcción de las depuradoras del Pirineo Aragonés, como obras que son de Interés
General del Estado.
2. Depurar responsabilidades por el empleo de esos fondos en obras que ni siquiera corresponden
al ciclo integral del agua en municipios de Aragón, precepto que fue asumido por la Comisión de
Seguimiento en la que participa el MAGRAMA, cuando se promovió ese desvío de fondos a proyectos que
no eran de Interés General.
3. Dadas las dificultades financieras de los Ayuntamientos para acometer estas obras, y dado el
carácter de Interés General del Estado que les ampara, dotar una línea de financiación pública que permita
construir sus depuradoras a los Ayuntamientos que hayan mantenido sus competencias o las hayan
recuperado y estén por tanto fuera de compromisos con empresa privada alguna por los contratos firmados
por IAA (DGA), al margen de los Ayuntamientos.
4. Estudiar el procedimiento que en justicia debería seguir la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) para cobrar el Canon de Vertido a quien tiene realmente la competencia de saneamiento en estos
momentos, es decir el IAA (DGA), y no a los Ayuntamientos que ya no las tienen.
cve: BOCG-12-D-83