BOCG-12-D-83

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 83 10 de enero de 2017 Pág. 52
privadas y de ACUAMED, identificando una presunta organización criminal que favoreció intereses de las
empresas FCC, Acciona, Abengoa, Altyum, Sogeosa, Torrescámara y Altec, a cambio de dinero por la
adjudicación irregular de contratos públicos que están siendo investigados, como los de la desaladora de
Bajo Almanzora (Almeria), Proyecto de descontaminación del pantano de Flix, desaladadora de Torrevieja,
desaladadora de Campello, presa de Rambla Gallinera (Valencia), presa del río Serpis (Valencia), sistema
de conducciones de la desoladora de Campello-Mutxamel (Alicante), proyecto de Cerro Colorado (Murcia).
Recientemente se ha publicado que a los 18,3 M€ del presunto fraude investigado por el juez
Velasco, hay que añadir al menos 17,7 M€, por certificación irregular de obras promovidas por
ACUAMED, según se desprende del plan de control interno realizado por el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, por encargo del MAGRAMA, que lo ha mantenido en secreto. Dicho plan
intenta salvar los 54,9 M€ de la UE que deberían financiar la desaladora de Torrevieja, de los se han
recibido 34,7 M€. Por otro lado, el Gobierno es consciente de que el European Anti-Fraud Office ha puesto
en marcha su propia investigación sobre los fondos europeos que financiaron 15 contratos adjudicados
por ACUAMED.
Por otro lado, ACUAMED y ACUAES, aunque fracasaron en la captación de inversores privados,
acabaron promoviendo nuevas estrategias de privatización encubierta, como la que opera en la gestión
de la zona regable del Canal de Navarra, concesionada a ACCIONA, CAIXA, AGBAR y OHL, por parte de
CANASA, empresa pública dependiente de ACUAES. Tal estrategia garantiza el negocio privado mediante
el pago directo con dinero público de un «peaje en la sombra» a dichas empresas de 680/ha/año, durante
30 años, mientras los regantes pagan en total 280 €/ha /año (por la gestión de la zona, tarifa por el sistema
de canales y canon por la presa de Itoiz).
Por último estas Sociedades Estatales de Agua permiten al Gobierno encubrir el ingente déficit público
derivado de grandes obras hidráulicas, cuyos costes de amortización y de gestión no cubren los usuarios
ni en un 20 %, y cuyos balances coste/beneficio son rotundamente negativos, tal y como demuestran
distintas investigaciones de varias universidades y han ratificado distintos estudios de los equipos técnicos
de la Comisión Europea.
En síntesis, estas Sociedades Estatales de Agua han acabado siendo una estrategias para:
— Oscurecer la gestión de inversiones públicas en materia de grandes obras hidráulicas, abriendo
así las puertas a procesos de corrupción, como los que emergen hoy en ACUAMED.
— Introducir nuevas formas de privatización de la gestión de aguas, garantizando beneficios a las
empresas privadas a través de «peajes en la sombra», mientras la inversión pública, que sigue siendo la
principal, carga con los costes que no se cubrirán.
— Enmascarar el déficit público que se genera desde inversiones en grandes obras hidráulicas que
no sólo no cubrirán los usuarios, sino que no generarán siquiera perspectivas de balance Coste/Beneficio
positivo.
En el capítulo de las responsabilidades, cuando menos políticas, más allá de las que determinen los
tribunales, habría que empezar por las responsabilidades del Sr. Arias Cañete, que era el Ministro
responsable de las empresas ACUAMED y ACUAES cuando se produjeron los presuntos hechos delictivos
motivo de la investigación y del procedimiento judicial en curso. Solo eso sitúa sobre él una carga de
responsabilidad política insoslayable. Pero más allá de ello, al caracterizar la relación entre los imputados
y el Ministerio de Agricultura, el propio juez Velasco concluye que las irregularidades en ACUAMED fueron
«pactadas desde muy alto nivel desde el Ministerio». don Francisco Valiente, uno de los ingenieros
despedidos de ACUAMED por negarse a colaborar en acciones irregulares, explicaba al juez Velasco: «Yo
dije que no firmaba eso y Arcadio Mateo (Director General por entonces de ACUAMED) me dijo que, si no
me daba cuenta de que aquello no eran instrucciones suyas, sino que eran órdenes directas del ministro».
Respecto a la señora García Tejerina, actual Ministra, es de notar era Secretaria General del Ministerio
cuando el Sr. Arias Cañete era Ministro. Siendo ya Ministra, asignó 36 M€ en los Presupuestos del Estado
del 2015 para cubrir una compensación indebida a FCC, ignorando los informes técnicos de la Dirección
General del Agua y de los Servicios Jurídicos del Estado, que advertían de que no se debía pagar a FCC
por reparar la planta desaladora del Bajo Almanzora, tras una riada en septiembre del 2012, ya que el
contrato establecía que era la constructora la que debía pagarlo. Después, la cifra se redujo a 24 millones
en dos partidas. Los desembolsos, aprobados por el Ministerio, fueron parados por Acuamed cuando
supieron que estaban siendo investigados por la policía. Por otro lado, recientemente, el titular del Juzgado
de lo Social n.º 219 de Madrid declaró nulo el despido de la señora Gracia Ballesteros, ex delegada de
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