REVISTA PESCA FEBRERO 2018

PERU Y EL PROBLEMA DE LA
INCERTIDUMBRE EN LA
CONTINUIDAD DE LAS NORMAS
EL CASO DEL ATUN
El Perú fue una potencia atunera en América hasta los
años 70 en que se estatizaron las plantas industriales y
la flota que operaban en Paita, Chimbote e Ilo.
Desde principios de este siglo se fueron dando medidas
para recuperar esta condición.
Progresivamente, se favoreció la compra de bienes de
capital, nos incorporamos a la CIAT, se emitió el ROP del
Atún, se dio facilidades para la adquisición de atún proveniente
de naves extranjeras, se establecieron mínimos
de descarga en plantas peruanas, se habilitaron muelles
de descarga públicos y privados, etc.
Con estas reglas de juego, que se emitieron publicando
previamente un proyecto de norma para su discusión y
análisis, se comenzaron a desarrollar diferentes iniciativas
en Paita con Seafrost, Conservera de las Américas,
Proanco, etc.; en Chimbote con Conservas Beltrán,
Hayduk, Casamar y otros; Callao con Liguria y otros; Pisco
con Pezex y Transmarina del Perú, etc.
Estas empresas han invertido en los últimos años en
plantas de congelado, maquinaria para conservas, frigoríficos,
infraestructura, flota y otros por un valor que supera
los 60 millones de dólares, apostando por la industria
del atún y con la confianza de un suministro asegurado
por el Estado Peruano que vigilaría que se entregue
el 30% de las capturas realizadas en nuestro dominio
marítimo. 5,000 peruanos tendrían trabajo digno y formal
con este desarrollo empresarial.
Sin embargo, en vísperas del año nuevo, el sábado 30 de
diciembre se publica el DS 021-2017-PRODUCE, que no
fue previamente publicado como manda el reglamento
aprobado por el DS 001-2009-JUS, que modifica el ROP
del atún dando mayores facilidades a las embarcaciones
extranjeras con permiso de pesca para esta especie.
Medida que podría no ser mala, siempre y cuando no
perjudique a las empresas peruanas, cosa que sí ocurre
con este dispositivo porque impide que las plantas congeladoras
y conserveras nacionales puedan recibir el
Atún proveniente de embarcaciones extranjeras que
capturan esas especies en el dominio marítimo peruano.
El DS 021-2017-PRODUCE aprueba que los armadores
que no hayan cumplido con descargar el 30% de sus
capturas lo podrán hacer hasta en 4 años que es la duración
del régimen que se aprueba con dicho dispositivo
legal. El otorgamiento de la ampliación de 4 años a las
flotas extranjeras no encuentra explicación alguna si ello
significa que las plantas peruanas se queden sin abastecimiento
de atún con las consiguientes pérdidas económicas
y de empleo.
Esto pone en grave riesgo a las empresas y a sus trabajadores,
impide el normal abastecimiento de las plantas
y vuelve a frenarse el desarrollo de una industria para la
cual tenemos enormes ventajas comparativas.
Esta norma, pese a afectar sensiblemente a la industria
nacional no fue pre publicada ni consultada con las empresas
que resultan afectadas.
Nuevamente asistimos a normas sin consenso y sin consulta
que lejos de mejorar la situación sectorial la vuelven
más impredecible afectando a las inversiones nacionales.
La Sociedad Nacional de Industrias le pidió al Ministro
Pedro Olaechea, mediante carta entregada el 31 de octubre
de 2017, que se mantuvieran las normas que estaban
permitiendo generar el círculo virtuoso en favor de
la inversión en atún y reposicionamiento de nuestro país.
Se señaló de manera específica que no se modificara el
ordenamiento pesquero del atún y se señaló que modifi-
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