Tribunal de Cuentas :Informe fiscalización infraestructuras ferroviarias 2011-2013

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 270 Miércoles 11 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 106623
infraestructura ferroviaria de la red convencional de la RTE. Sería conveniente que se agilizasen
los trámites de la firma del acta de entrega ya que, con ello, ADIF dispondría de información
suficiente para registrar el total de las infraestructuras procedentes de la RTE.
Cuarta.- En cuanto al criterio de amortización de las líneas de alta velocidad aplicado en el
periodo fiscalizado, un método creciente en progresión geométrica del 3% anual, basado en una
estimación de un crecimiento del 3% del tráfico sobre las líneas de alta velocidad, y teniendo en
cuenta que en el amplio periodo de vida útil de las infraestructuras ferroviarias es probable que se
produzca un estancamiento de la demanda de los servicios de alta velocidad, se debería revisar
anualmente la procedencia de la aplicación de este criterio de depreciación a fin de que en el
momento en que se advirtiese este estancamiento se proceda a su modificación para adaptarlo a
la demanda real.
Quinta.- La financiación de la red convencional en el periodo fiscalizado, fundamentalmente
mediante las aportaciones estatales, experimentó una disminución tanto en los importes
percibidos para las obras de mejora como a los destinados a su mantenimiento, de tal manera que
la continuación de esta tendencia unida a la restricción impuesta a ADIF sobre el incremento de
endeudamiento, repercute en la conservación de la red en las condiciones adecuadas para la
circulación de los trenes. Por ello, para poder mantener la red convencional en condiciones
adecuadas para la circulación sería conveniente suscribir un convenio de financiación con un
ámbito temporal de 3 o 4 años que garantizase la estabilidad financiera de ADIF y con ello se
asegurase la seguridad y la eficiencia en la gestión de la red convencional.
Sexta.- El modelo ferroviario español surgido tras la aprobación de la LSF es un modelo dual en el
que se separa completamente la administración de las infraestructuras ferroviarias de la
prestación de los servicios de transporte ferroviario, atribuyendo estas actuaciones a dos
entidades públicas diferentes, una de las cuales abona a la otra los cánones establecidos
legalmente con la finalidad de repercutir a los usuarios de las infraestructuras los costes de su
construcción y explotación. Esta separación de los centros de gastos que recaen sobre un mismo
objeto -la red ferroviaria- dificulta la evaluación, en términos globales, de la viabilidad económica
de las infraestructuras y del equilibrio en la prestación de los servicios ferroviarios; es por ello que
para lograr una mayor transparencia deberían adoptarse las medidas que permitan evaluar de un
modo global la gestión de la explotación de la red ferroviaria.
Madrid, 30 de abril de 2015
EL PRESIDENTE
Fdo: Ramón Álvarez de Miranda García
Informe de fiscalización aprobado por el Pleno del TCu el 30 de abril de 2015 58
cve: BOE-A-2015-12183
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