REVISTA PESCA AGOSTO 2019

“Los permisos de pesca son habilitaciones otorgadas a los buques
solamente para acceder al caladero, siendo necesario
para ejercer la pesca contar con una cuota de captura asignada
o una autorización de captura en el caso de que la especie
no este cuotificada. 8) De manera coincidente con el texto
legal, la reglamentación contenida en el Decreto N° 748/99,
establece en su artículo 17º que: “los permisos de pesca y los
permisos temporarios de pesca son habilitaciones otorgadas a
los buques de pesca al sólo efecto de acceder al caladero, conforme
lo previsto en el Artículo 28, primer párrafo, de la mencionada
ley. 10) De lo expuesto se deduce que el permiso de
pesca, en el marco de la Ley N° 24.922, no autoriza la captura
o el ejercicio de la pesca. En otras palabras, no autoriza “a
pescar”. Esto recién se obtiene con la CITC o la Autorización
de Captura, una vez adicionada al permiso». Y continúa:
«11) De más está recordar que la pesca no es una actividad
libremente permitida a cualquier persona, ya que se requiere
de la habilitación y la concesión estatales. En efecto,
desde el punto de vista jurídico, siguiendo las definiciones
efectuadas por la ley, el permiso de pesca es una habilitación
estatal y la referida cuota es una concesión también estatal.
Lo que se explica con facilidad: los recursos vivos del mar son
recursos del dominio estatal (Art. 4º Ley 24.922). La explotación
de esos recursos por parte de los particulares se realiza
con sujeción a todas las reglas que fija el Estado, quien resulta
ser el titular del recurso…». (lo subrayado es mío).
Ello, además, se agravaría, porque las entidades financieras
que reciban como garantía esos permisos de pesca podrían
quedarse con las cuotas si el armador no cancela la deuda en
180 días, habilitando a que “los Bancos armen paquetes financieros
con los permisos de pesca tal como sucedió con las hipotecas
en los Estados Unidos y Europa”, con la diferencia
fundamental, de que las cuotas y/o autorizaciones de pesca
habilitan a pescar recursos de patrimonio del Estado y, a consecuencia
de esto, éste perderá todo tipo de control sobre
ellos si se transfieren como instrumentos financieros. Además
de enajenar, en forma absolutamente gratis el patrimonio nacional
o provincial, el Consejo Federal de Pesca y la Subsecretaría
de Pesca, habrán perdido definitivamente la capacidad de
administrar el recurso y, definir, económica, social, territorial y
ambiental, la estrategia pesquera. La pesca se transformará
definitivamente de una actividad productiva a una inmobiliaria
y financiera y, los verdaderos pescadores, armadores e industriales,
quedarán sujetos a una concentración mayor del recurso
y, por este camino, a la enajenación de éstos y los demás
recursos naturales (petróleo, minería, etc.).
Y finalmente ¿quién fijará en qué tiempo y dónde se
construirán los buques pesqueros? ¿Los industriales
navales o los armadores e industriales pesqueros?
Para nosotros está claro que la renovación no se puede hacer
en función de la capacidad instalada de la industria naval sino
en función de las necesidades de los armadores e industriales
pesqueros de darle mayor seguridad a su gente.
El Proyecto de ley Solanas-Pinedo deja en claro que la renovación
debiera hacerse a los 45 años (mientras no haya un dictamen
técnico competente) y exceptúa a los buques reconstruidos
en un 60% y a los artesanales, que los habilita hasta los
60 años, en tanto y en cuento que «la Prefectura Naval Argentina
autorice la salida de puerto a aquellos buques, que pese
encontrarse dentro de la antigüedad indicada precedentemente,
no reúnan las condiciones estructurales, técnicas y de seguridad
necesarias para su navegación y pesca, con las máximas
garantías de seguridad para las embarcaciones y el personal
embarcado» (Art. 4º).
En lo personal entiendo, que este número podría llevarse -bajo
control de la Prefectura- a los 47 años y, previa denegatoria
de los Astilleros Nacionales a construir los buques pesqueros
que se les requieran en tiempo y forma, por incapacidad o
disponibilidad, habilitar a los Armadores Pesqueros a la importación
de buques de hasta 20 años desde su fabricación, es
decir, con una vida útil de 27 años.
A poco tiempo más de renovarse o no las Cuotas y Autorizaciones
de los buques, de no mediar razones de peso que inhabiliten
la renovación de éstas, a las empresas que cumplan con
la construcción y/o modernización de los buques en los términos
fijados (45/47 o 60 años de haberse reconstruido en un
60%) deberían ratificarse los Permisos, Cuotas y/o Autorizaciones
otorgados en las condiciones que fija la ley y, la aprobación
de los programas pesqueros que tanto el gobierno federal
como los gobiernos provinciales pudieran establecer.
Por cierto, que el proyecto de Ley Pinedo-DNU está lleno de
contradicciones y en el mismo artículo 1º se deja afuera a los
buques que operan en jurisdicción provincial y, está bien que
ello ocurra, porque las provincias no han delegado en el gobierno
federal la explotación de los recursos naturales y, es
probable, que en este ámbito se puedan resolver las cuestiones
con mayor criterio y respeto por los embarcados.
La situación no admite la práctica del “perro del hortelano”. No
es posible seguir dilatando la aprobación de una ley que, garantice
primero la seguridad y los intereses del más débil, el
trabajador marítimo; asegure la operatividad de las empresas
armadoras e industriales después y, de ser posible, incremente
la producción de buques en el país.
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de
Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Asesor en el
Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor, autor de 24
libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
9 de mayo de 2019
Revista Pesca agosto 2019 74