Exponotas No. 64

COLUMNISTA INVITADO
concreto, atendiendo a “las características propias de las
relaciones económicas de cada contrato” . Fue precisamente
en este entorno en que incluso la Superintendencia
de Transporte llegó a expedir en el año 2020 una “cartilla”
en la que de manera concreta se refirió al tema de las
eficiencias. Surge la duda entonces sobre cuáles habrían
sido las bases fácticas y jurídicas que abren la puerta a un
cambio tan extremo de interpretación sin que haya
habido una modificación en la normativa y sin que quede
claro, en particular, cuál (o cuáles) pueden o pudieron
haber sido las fallas de mercado detectadas y que son las
que abrírían paso al debate sobre la conveniencia (o no)
de una intervención de esta naturaleza en el mercado de
servicios de transporte de carga.
Por otro lado, como una reiteración de su posición, el
Ministerio de Transporte recientemente sometió a consideración
del público un proyecto de resolución sobre la
materia, el cual en su artículo segundo manifiesta la
misma orientación del concepto enunciado. En dicho
texto se pretende argumentar que en realidad se trata de
hacer valer una norma vigente (la Resolución 757 de 2015)
pero se olvida que: i) justamente con posterioridad a la
misma fue expedida la Circular Memorando 4611 en la
que, como ya se dijo, se puso de presente la posibilidad de
hacer valer “las eficiencias adicionales” de cada operación
y ii) el Ministerio en cualquier caso cuenta con amplias
competencias para modificar la normativa vigente si
considera que la misma no está alineada con la política
pública diseñada por mismo el Estado.
Es por todo lo anterior que resulta urgente generar un
debate, abierto y con la participación de todos los actores,
que permita llegar a una regulación clara sobre el tema
que además sea coherente con la política pública y las
metas económicas del sector, en particular la de la disminución
de los costos logísticos. Para nadie en la industria
es un secreto que existen características especiales en
cada negocio/operación que deben ser reconocidas y
admitidas, ya que son ellas las que permiten destacar a
quienes son eficientes en la prestación de servicios dentro
de un mercado que, se supone, debe ser competitivo.
Es necesario destacar además la importancia que el
concepto del Ministerio de Transporte da a la necesidad
de preservar la eficiencia y la competitividad en el mercado
de transporte. Se trata sin duda de objetivos loables,
mencionados en las normas del sector, que sin discusión
deben ser promovidos en dicho entorno. Sin embargo,
queda otra duda: ¿Cómo pueden ser compatibles estos
objetivos con el establecimiento de una medida que tiene
la naturaleza o la lógica de un “piso tarifario”? No debe
olvidarse que una intervención de tal alcance indiscutiblemente
afectará la competencia en el mercado del
transporte – a mi modo de ver, generando un incentivo
negativo pues ya no habrá el mismo interés de los actores
involucrados por destacarse en la prestación del servicio -
y seguramente terminará creando también un efecto
adverso en la productividad del sector pues, en últimas,
supondrá la necesidad de elevar transversalmente los
costos de las operaciones de transporte.
Por último hay que resaltar que quizás sea esta la
oportunidad para que el ente rector del transporte
recurra a la instalación de la llamada CRIT (Comisión
de Regulación de la Infraestructura de Transporte)
para tomar medidas de fondo, concertadas y analizadas
con todos los actores, que se soporten en
criterios técnicos y que puedan tener el efecto de
generar bienestar transversal a lo largo de la cadena
logística.
1
El CONPES 3489 de 2007, contentivo de la política nacional de transporte público automotor de
carga, reconoció expresamente en su momento que “Con el fin de armonizar las relaciones
económicas de todos y cada uno de los integrantes de la cadena, de acuerdo con principios de
eficiencia, sostenibilidad, desarrollo y competitividad del sector, es necesario migrar hacia un
esquema de regulación basado en el principio de intervenir sólo en los casos en que se
presenten fallas de mercado y para esto, se propone la creación del Índice de Precios del
Transporte – IPT” p. 8.
2 Incluso hoy en día actualmente el Decreto 1079 de 2015 sigue refiriéndose al SICE-TAC como el
“parámetro de referencia”.
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