Exponotas No. 64

EDITORIAL
Javier Díaz Molina - Presidente ejecutivo - Analdex
Durante el año 2021 hemos sido testigos de las consecuencias que
ha generado en la economía colombiana las medidas implementadas
por el Gobierno para controlar la propagación del nuevo
coronavirus Covid-19 y evitar o desacelerar el colapso del sistema de
salud. La caída en un 6,8% del PIB, el aumento en la tasa de desempleo
que alcanzó el 13,4% al cierre de 2020, el aumento desproporcionado
de los fletes marítimos en el último año, entre otros impactos
se une a la pérdida de grado de inversión de Colombia.
Como respuesta a la crisis social generada por la pandemia, el
Gobierno tuvo que realizar un gasto fiscal de grandes proporciones.
Entre las medidas tomadas, se implementaron transferencias monetarias
adicionales para la población más vulnerable, subsidios a la
nómina, líneas de crédito y otras medidas para mitigar el efecto
sobre el sector productivo. Sin duda, esta mayor inversión implicó un
aumento importante del gasto, en un escenario en el cual los
ingresos tributarios se han reducido drásticamente, en respuesta a la
caída en la actividad económica. Ejemplo de lo anterior es que la
meta esperada de recaudo de la Dian para 2020 se redujo de $168
billones estimados inicialmente, a $144 billones, lo que implicó una
presión sobre el balance fiscal y los niveles de deuda del país. Al
respecto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público registró un
déficit fiscal de 7,8% para 2020, el cual se proyecta que alcance la
cifra de 8,6% para 2021.
Ante este panorama y en línea con la decisión de Standard and
Poor’s, Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Colombia a BB+
con perspectiva estable. Esta decisión obedece al aumento del
déficit fiscal y de la deuda pública, la cual pasó de representar en
2018 el 46% del PIB al más del 60% para 2021.
Aunado a lo anterior, la agencia de calificación tuvo en cuenta para
su determinación, la incertidumbre en la evolución de la economía
en el mediano plazo debido a la situación económica, política y social
que enfrenta actualmente el país, causada por el retiro de la reforma
tributaria y de los impactos que puedan generar nuevos bloqueos
que interrumpan la actividad económica del país.
Es de esperar que la decisión de las calificadoras de riesgo genere en
el corto plazo un aumento en la prima de riesgos del país, que se
traduce en tasas de interés más altas y el aumento de la tasa de
cambio. En el mediano plazo, esta decisión podría ocasionar la salida
de empresas extranjeras que generan empleo en el país, a causa de
una reducción en la confianza, con lo que se disminuiría la inversión
extranjera y podría aumentar la tasa de desempleo.
Sin embargo, la pérdida del grado de inversión se debe entender
como un llamado de atención de las firmas calificadoras de riesgo a
reconducir el camino hacía una reforma tributaria que permita
reducir la deuda a través de la generación de recursos permanentes
para la Nación. Así mismo, apuntar a medidas dirigidas a sobrellevar
la crisis generada por la pandemia, la creación y promoción de
programas sociales que permitan reducir la pobreza y a generar un
ambiente de crecimiento económico, seguridad jurídica y confianza
inversionista.
Para lograrlo, desde el sector privado a través del Consejo
Gremial Nacional hemos presentado al Gobierno nacional
una serie de recomendaciones para la nueva reforma tributaria
que permitirían lograr un ajuste fiscal en el corto plazo a
través de la generación de nuevos ingresos con el objetivo de
contribuir como sector empresarial a la estabilidad de las
finanzas públicas, fomentando así a la competitividad y a la
sostenibilidad del país.
No será suficiente con la generación de más impuestos, se requiere
hacer algo en el lado del gasto y en la administración tributaria. Al
respecto, también proponemos la reducción del tamaño del Estado
mediante la identificación y fusión de las entidades que tienen
duplicidad funcional y que permitan la reducción del gasto público
con el propósito de gestionar de una forma más eficiente los recursos
públicos.
El país cuenta con las herramientas para recuperar el grado de
inversión en pocos años, sin embargo, el Gobierno tiene la tarea de
trabajar en estabilizar la deuda y comenzar a reducirla. Además,
focalizar los esfuerzos en aumentar la credibilidad en la política fiscal.
En complemento, otro aspecto importante es mejorar las perspectivas
de crecimiento. Al respecto, el Gobierno Nacional le apuesta en el
Marco Fiscal de Mediano Plazo a que la inversión y las exportaciones
sean fuentes de crecimiento económico y de reducción de la deuda
exterior y de esta manera, ayudar al país a convertirse en una economía
más resiliente y menos vulnerable a mediano y largo plazo. Por
eso, resaltamos la importancia de que el Gobierno Nacional trabaje
de la mano con el sector privado, para lo cual reiteramos la disposición
a ayudar y salir adelante ante la adversidad.
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