Pueblo-v-Lydia-Echevarria

Pueblo hubiese obtenido del acusado o de otras personas mediante orden judicial o de otro modo
y que pudieren ser necesarios para la preparación de la defensa del acusado, independientemente
de que El Pueblo se propusiere ofrecerlos en evidencia o de que los mismos fueren admisibles en
evidencia. La orden especificará el tiempo, lugar y manera de hacer la inspección, de sacar las
copias o tomar las fotografías y podrá prescribir los términos y condiciones que el tribunal
estimare justos."
Aún asumiendo que la defensa de la apelante tenía derecho a que se le informara de esta
declaración, habría que concluir que ello acarrea un error no perjudicial que por sí solo no
amerita la revocación de las sentencias aquí apeladas. No hemos podido determinar con certeza
que esta declaración o admisión consta en los autos del caso. De constar la misma en virtud de
una declaración jurada del testigo Cartagena, podría concluirse que la apelante no tenía derecho a
la misma, visto el propio lenguaje de la citada Regla 95. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116
D.P.R. 653, 660 (1985); Pueblo v. Colón Rivera, 93 D.P.R. 852, 855 (1967). Ahora bien,
independientemente de lo anterior cualquier posible error en cuanto a este aspecto quedó
finalmente subsanado, toda vez que los abogados de la apelante tuvieron acceso a esta prueba
con anterioridad a la celebración del juicio, según surge de la minuta del 11 de octubre de 1985.
[15] Más adelante habremos de ampliar la discusión de este tema; véase la pág. 71.
{DPR 326} D. Cuarto y décimoprimer señalamiento de error:
"Procede un nuevo juicio, igualmente, por cuanto la publicidad excesiva provocada por el Pueblo
de Puerto Rico, por el Ministerio Fiscal y por este mismo Tribunal, violaron el derecho
irrenunciable de todo ciudadano a un juicio justo e imparcial y a un debido procedimiento de ley,
en violación de los derechos constitucionales de la compareciente, conforme lo establece la
Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico.
La sentencia dictada en el presente caso, además de conculcar el derecho constitucional a un
debido procedimiento de ley a la cláusula prohibitiva de castigos crueles e inusitados, revela el
trasfondo de prejuicios que rodeó el enjuiciamiento de la señora Lydia Echevarría Rodríguez,
producto de la excesiva publicidad provocada por el interés del Estado y sus funcionarios, antes
y durante el juicio, ajena dicha publicidad a los derechos constitucionales irrenunciables de todo
ciudadano a un debido procedimiento de ley y a un juicio justo e imparcial."
La apelante invoca aquí el conflicto entre dos prerrogativas de igual jerarquía constitucional: el
derecho de todo acusado a tener un juicio justo e imparcial versus el derecho a la libre
información y publicación de ideas. En apretada síntesis, el planteamiento de la apelante se
reduce a determinar si la amplia exposición de su caso en los medios de comunicación masiva de
nuestro país, [16] tuvo el efecto de causar un clima de prejuicio en cuanto a los miembros del
jurado que afectó el resultado del juicio.
El conflicto es uno cuyas raíces se extienden prácticamente a la propia creación de los E.E.U.U.
como república en el Siglo XVIII. Los orígenes del conflicto se han trazado inclusive hasta las
primeras codificaciones legales inglesas a principios de la Era Moderna. Richmond Newspapers
Inc. v. Virginia, 448 U.S. {DPR 327} 555, 564-565 (1980). La casuística proveniente del
Tribunal Supremo federal no alcanza contornos claros. No obstante, dicho foro sí ha procedido a
22