Pueblo-v-Lydia-Echevarria

Pueblo v.Castro Muñíz, 118 D.P.R. 625 (1987). De la prueba desfilada ante el Tribunal
sentenciador surge claramente la presencia de algunas de las circunstancias agravantes recogidas
en dicha Regla sobre las cuales basó el juzgador su dictamen, tales como: 1) actos de violencia,
grave daño corporal, hechos que revelen crueldad; 2) designios criminales planificados; 3) el
hecho de que el acusado recibiera {DPR 372} compensación o un beneficio por la comisión del
delito; y 4) la utilización de un arma en dicha comisión. Regla 171(a) (b) (i) (j).
Independientemente de la procedencia o no del inciso (m) de esta Regla, respecto al historial
delictivo del apelante, el cual fue alegado por el Fiscal en su moción sobre agravantes y objetado
por el acusado, el Tribunal tenía ante sí suficientes circunstancias adicionales que le permitían
imponer penas agravadas y de manera consecutiva en este caso.
En cuanto al planteamiento de la ausencia de la vista dispuesta por la Regla 162.4 de las de
Procedimiento Criminal para la discusión de la referida moción sobre agravantes, en reiteradas
ocasiones hemos expresado que la misma es innecesaria cuando no existe alguna controversia
real sobre un hecho material que requiera la presentación de prueba. Pueblo v. Santiago Acosta,
supra; Pueblo v. Castro Muñíz, supra. Si bien había controversia sobre el inciso (m), éste no
constituía un hecho material, toda vez que existía evidencia adicional, sólida y suficiente, que
establecía otras circunstancias sobre las cuales el Tribunal orientó su discreción en la imposición
de estas penas.
Tampoco procede el argumento de que las penas impuestas constituyen un castigo cruel e
inusitado. Esta cláusula constitucional, en la acepción que nos ocupa, exige que se tenga una
razonable proporción entre la pena impuesta y la conducta delictiva penada por ley. Pueblo v.
Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197 (1985); Solem v. Helm, 463 U.S. 277 (1983). En la consideración
de este balance, el Tribunal debe sopesar de un lado, la severidad de la pena y del otro la
gravedad de la conducta criminal, a la luz de los siguientes factores: a) daño causado a la víctima
y a la sociedad; b) culpabilidad del convicto. Este último factor se refiere a la actitud mental del
acusado al perpetrar los hechos, esto es al mens rea. Solem v. Helm, supra. Debe tomarse,
además en consideración, si el convicto tendrá oportunidad de disfrutar del beneficio de libertad
bajo palabra. Rummel v. Estelle, 445 U.S. {DPR 373} 263 (1980); Solem v. Helm, supra. En el
caso de autos, si bien las penas son altas, la conducta delictiva del acusado hacia la víctima
constituyó tortura, lo cual por su crueldad y gravedad, estremeció y conmovió a toda nuestra
sociedad. En lo tocante al factor de la culpabilidad, la prueba estableció abrumadoramente la
culpabilidad del acusado por los delitos de que fue convicto al tiempo que se trataba de conducta
criminal planificada, deliberada, ejecutada con gran frialdad y cuyo móvil era el dinero. Además,
el apelante tiene a su disposición los remedios de la libertad bajo palabra cuando cualifique para
ello, lo cual puede significar la reducción de hasta más de la mitad de la pena impuesta. El
planteamiento, por tanto, es inmeritorio.
Por último, se apoya el apelante en la inconsistencia del veredicto para objetar la decisión del
Tribunal de imponer penas tomando en consideración circunstancias agravantes. Discrepamos.
La inconsistencia del veredicto del Jurado no tiene porque afectar la facultad del Tribunal de
imponer penas agravadas a la luz de los hechos y circunstancias de este caso. Téngase presente
que independientemente de que al apelante se le absolviera del delito de asesinato, de la
evidencia para establecer los delitos por los cuales fue convicto, particularmente del secuestro
agravado, surgen todas las circunstancias agravantes señaladas con antelación, sobre las cuales el
48