Pueblo-v-Lydia-Echevarria

En primer término, la obligación o la exhumación del cadáver a quien compete levantarlo es a las
personas allegadas a la víctima, que puedan demostrar lesión a su derecho a la intimidad o a las
autoridades públicas concernidas. El apelante no forma parte de ninguno de esos grupos. En
cuanto al otro punto, consideramos que el Fiscal, dentro de su función de investigar cualquier
muerte ilegal, tiene la facultad de practicar nuevas autopsias si considerara que la hecha
previamente no fue adecuada o necesita de la misma para esclarecer su investigación. Como
cuestión de hecho, tuvo ocasión el acusado de impugnar dicha prueba o procedimiento e incluso
obtuvo copia del segundo protocolo de autopsia, como en efecto ocurrió, (según surge de la
minuta del 11 de octubre de 1985), a tenor con la Regla 95 de Procedimiento Criminal. De
hecho, en el caso de autos el acusado tuvo amplia oportunidad en el juicio de interrogar a los
médicos que practicaron dicha autopsia sobre sus propósitos y hallazgos. El Jurado tuvo ante su
consideración esa prueba y juzgó su valor y pertinencia como estimó procedente, incluyendo por
supuesto, el interrogatorio y contrainterrogatorio del Dr. Fossum. En lo concerniente a este
testimonio, refiérase a las páginas 25-26 anteriores.
Continúa el apelante López Watts en su alegato con relación con los señalamientos de error
tercero y cuarto que nos ocupan planteando la ocultación de evidencia exculpatoria o evidencia
que venía obligado a revelar el Ministerio Público al acusado, en vista de la moción sobre
descubrimiento de prueba presentada por López Watts.
{DPR 376} Por imperativos del debido proceso de ley, el Ministerio Fiscal tiene el deber de
revelar cualquier evidencia exculpatoria, testimonio perjuro o indicios de falsedad en la prueba
que tenga en su poder. Pueblo v. Sánchez, supra; United States v. Agurs, 427 U.S. 47 (1976).
Asimismo, bajo la Regla 95, supra, el acusado tiene derecho a inspeccionar libros, documentos,
objetos y a obtener cualquier declaración jurada propia, mas no las de otras personas mientras
éstas no hayan declarado en el examen directo. Pueblo v. Delgado López, 106 D.P.R. 441
(1977). Véase además, sobre este particular, páginas 15 y 17 anteriores sobre el mismo punto,
pero con referencia a la apelante Echevarría Rodríguez.
Sobre este extremo resulta evidente que el apelante confrontó dificultades e inconvenientes para
lograr obtener la información requerida al fiscal. Empero, independientemente de lo anterior, del
expediente surge que la defensa tuvo acceso a la prueba o documentos a los cuales tenía derecho.
Aún cuando alguna no se le hubiera entregado antes del juicio, obtuvo la información durante el
transcurso del mismo sin que se demostrara perjuicio alguno para el apelante por este motivo.
Tal fue el caso del testigo Manuel Lecaroz, respecto al cual alegaba el apelante que el fiscal
poseía testimonio perjuro que debió revelar. El mismo consistía en dos declaraciones previas del
testigo que se alegaban eran contradictorias. Del propio alegato del apelante López Watts surge
que la defensa tuvo la oportunidad de obtener esa información a tiempo, al menos su contenido
esencial, y hacerla llegar al conocimiento del Jurado. De manera que no sufrió el acusado
perjuicio alguno. Asimismo, respecto a ciertas admisiones del acusado López Watts, que según
la defensa, el fiscal también tenía en su poder sin revelarlas, también se desprende del propio
alegato del apelante, que esa prueba no ocasionó perjuicio al apelante, toda vez que la misma no
fue admitida. Algo parecido ocurrió, además, con las declaraciones grabadas del testigo
Cartagena, que contenían alegadamente admisiones del apelante y que la defensa tuvo acceso a
ello el día antes de la fecha señalada para el juicio, cuando fue revelada por fiscalía. Sin {DPR
377} embargo, debido fundamentalmente a esa situación, el juicio se pospuso por cerca de cinco
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