Pueblo-v-Lydia-Echevarria

En armonía con las anteriores consideraciones, adoptamos en nuestra jurisdicción esta corriente
interpretativa, que acoge el elemento de la distancia sustancial, por considerarla más justa y
acertada.
Ahora bien, respecto al elemento de aumento de riesgo de daño abrigamos reservas en cuanto a
su adopción en Puerto Rico en cualquiera de las corrientes o modalidades previamente
comentadas. En cuanto a la modalidad que interpreta el aumento {DPR 365} del riesgo de daño
como la mera facilitación del delito primario, la misma entraña el peligro de que se incurra en el
delito de secuestro en la inmensa mayoría de los casos en que, de manera incidental a la
comisión de un delito, se traslade a una persona del sitio específico donde originalmente se
encuentra, toda vez que ordinariamente la sustracción de la víctima tiende a mejorar
sustancialmente las condiciones para perpetrar el acto delictivo primario. Precisamente ese es el
propósito evidente en la mayoría de los casos en que se incurre en ese tipo de conducta.
Generalmente se traslada a la víctima porque el lugar donde ésta se encuentra es inadecuado para
poder llevar a cabo los objetivos delictivos. La adopción de esta modalidad implicaría la virtual
abrogación de la excepción de la sustracción incidental como constitutiva de secuestro, dado que
tales sustracciones normalmente tienden a hacer más propicio o a facilitar el delito, con lo cual se
supone aumente el riesgo de daño, a la luz de esta corriente interpretativa.
En lo que concierne a la segunda modalidad, esto es, al aumento de riesgo más allá del inherente
al delito primario, si bien ésta parece más razonable, al menos en su forma teórica, cuando se
examina a la luz de la realidad práctica, resulta tan extrema como la anterior. Téngase presente
que si el lugar hacia donde se conduce a la víctima es apropiado para la comisión del delito
primario muy probablemente también lo sea para cometer otros delitos o infligir otros daños. Es
sabido que generalmente las sustracciones incidentales están íntimamente ligadas, especialmente
a los delitos de asesinato, robo, violaciones, mutilaciones y torturas. Todos estos son actos que
exigen del actor mucha agresividad y predisposición a inflingir daños. De ahí que es lógico
concebir que tales sustracciones, en la medida que hacen más propicio la comisión del delito
primario, aumente significativamente el riesgo y por ende las probabilidades de que el autor
inflija otros daños adicionales a la víctima. Es a lo sumo posible, que se incremente el riesgo de
sufrir daños adicionales en casos de movimientos cortos o breves, como por ejemplo, de un
cuarto a otro en busca de algún objeto dentro de una misma residencia o dentro de un negocio.
Sin {DPR 366} embargo, ello de todos modos no constituiría secuestro por no representar una
distancia sustancial, bajo la interpretación que hemos adoptado anteriormente.
Adviértase, que esta doctrina se enfoca, no en el hecho consumado del daño, sino en el aumento
de riesgo. Ese riesgo implica cierto grado de especulación. Entraña la probabilidad de que el
daño que se vislumbra no ocurra, a pesar de su aparente inminencia. Bajo esta situación,
resultaría injusto e improcedente penalizar a alguna persona meramente por lo que pudo ocurrir o
por daños que pudieron haber causado, cuando tal vez ni siquiera se intentaron. No empece los
grandes riesgos de daños a los que se pueda exponer a una víctima con el acto de la sustracción,
probablemente en algunos casos no se forje tal intención ni se conciba infligirlos. Esa situación
de aprehensión y angustia que quizás experimente la víctima de sufrir daños adicionales a un
robo o a una violación, por ejemplo, podría configurar, tal vez, algún otro delito o una causa de
acción de daños y perjuicios, pero no un secuestro. No debe perderse de vista que dicho delito,
aún en su modalidad simple, acarrea severas penas, por lo que el mismo debe ser interpretado
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