Edición 13 de Octubre de 2015

Diario Co Latino Martes 13 de octubre de de 2015
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OPINIÓN
OCURRENCIAS
2015
RECARGADAS ocurrencias@diariocolatino.com
Otro político menos
Nelson López*
Ahora resulta que en la asamblea legislativa vamos en camino
a tener otro político menos, y ahora, gracias a la honorable
sala de lo constitucional que destapó los depósitos
a plazos que ese político con buena mano se tenía guardados,
pensado seguramente que si otros se han apropiado de millones
de dólares, y están en sus casa bien orondos, a él ni caso le
harían con los 300 mil y no habría razón para que lo toparan al
cerco. Sin embargo, no le puso coco que los que robaron millones
pudieron repartir y ahí está la clave, pero entonces, no hubiera
gozado de los buenos ahorros que hasta hoy nadie entiende de
donde salieron pero… de que los tiene, no hay dudas, y si le
preguntan ¡fueron ganados con el sudor de su frente! Pero por
error, al llenar la declaración patrimonial le aparece que al igual
que otros políticos ya retirados ¡se enriqueció ilícitamente! Eso si,
está con la conciencia tranquila, ni lo duden, porque 300 mil no
son la gran cosa como para sentirse rico y de que es inocente por
la presunción y porque no ha sido vencido en juicio, habrá que
aceptarlo, aunque ya se conozca que es un futuro político menos
y no tan platudo como otros, a los que les ordenaron juicios pero
que ya están tranquilos, por lo que seguirá fiel a su mandato
sudando la gota gorda como padre de la patria sin vergüenza
alguna, ya que lo hace con la cara en alto, no agachada como
Paquito aunque sea millonario. claro que le dolería si esto fuera
una encomienda de alguien, ya que el daño a la imagen que tienen
los políticos más ( no los políticos menos) es grave por esa
resolución que también le hizo trizas el honor que destellan los
diputados. Ahora, si que habla como un político menos, como un
cero antes de cualquier tres, como un desamparado sin derecho
de audiencia y defensa. Y ya dijo que va a luchar para seguir
como ese político más, no menos, como los otros, en lo que le
queda de esta semana, para demostrar que todo fue un error de
ceros que no valen nada y que le metieron en la bullanga. ¡Por
supuesto! por la miseria de 300 mil, a quien no le va a sorprender
que lo estén vilipendiando, y todo podría ser porque se ganó la
curul otra vez y están con el cuento de que justifique el dinero de
la campaña, y lo peor de todo es que de un solo salen con que le
congelan las cuentas bancarias, le embargan los inmuebles (hasta
los de la consorte), y de ribete lo quieren desaforado para que
el fiscal se lo trasquile como ovejita lanuda, porque ahí si que no
hay amistad, pero de que se puede hacer la cacha para hilvanar
una buena amistad nadie lo va a dudar, pero de que lo tienen bien
topado no es falso, porque para colmo su otro suplente también
salió embadurnado de lo mismo, como si fuera sal heredada.
Bueno habrá que esperar a ver si por último se convierte en ese
político menos, con el que muchos por cierto ya no cuentan, mas
bien ya lo ven como un futuro pobre, acabado en su desgracia, y
no como ese compañero de buena mano.
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MÁS DE UN SIGLO DE CREDIBILIDAD
José M. Tojeira
Ética y Política
Corrupción y vigilancia
Es evidente que el problema de la corrupción
es grave en El Salvador. No
se trata de decir que todos los políticos
o los empresarios son corruptos. Pero que es
fácil desde el poder del dinero o de la política
caer en la corrupción es evidente. En algunas
oficinas públicas se sigue diciendo a la gente
que consiga una recomendación de un diputado
y todo será más fácil a la hora de conseguir
empleo. Pero no nos referimos a eso al hablar
de corrupción como problema grave, sino a la
dificultad de perseguir a los corruptos. El caso
del diputado Cardoza, más allá de la presunción
de inocencia, muestra la dificultad existente a
la hora de investigar la corrupción. Desde el
momento en que se conocieron, ya hace algún
tiempo, su relación y negocios con el diputado
suplente Wilber Rivera, la Fiscalía debía haber
iniciado una investigación en torno a los negocios
del diputado al que la Corte Suprema ha
pedido enjuiciar. Incluso que haya tenido que ser
la Corte Suprema la que pida públicamente que
se enjuicie al diputado, es una muestra más de
la dificultad de proceder contra un personaje del
entramado estatal.
Este modo de actuar lento y perezoso de la Fiscalía
con las personalidades de la política, aun
habiendo datos públicos que hacen sospechar,
es la característica predominante desde hace
ya muchos años en esta institución estatal encargada
de perseguir el delito. Ya hace años la
misma oficina de Probidad dijo que los familiares
del entonces vicepresidente Merino se habían
enriquecido notablemente mientras el conocido
político estuvo en el cargo. En aquel momento
la Fiscalía no hizo absolutamente nada, y por
supuesto la Corte Suprema tampoco. En general
la inmunidad de los altos cargos se ha tomado
casi siempre como una especie de derecho a la
impunidad total. Sólo cuando los gringos insisten
o insistían en delitos de narcotráfico o lavado se
dan en ocasiones, no siempre, algunos pasos.
Que la Fiscalía no hubiera investigado desde
temprano al diputado suplente Silva, cuando
era obvio que gastaba en construcciones de lujo
y en vehículos más de lo que podía recibir, fue
realmente escandaloso. Su huida a Estados Unidos
muestra también la ineficacia institucional y
las complicidades, con frecuencia, de todos los
poderes del Estado.
Todos recordamos las negociaciones turbias
antes de la dolarización de nuestra moneda, en
las que fue necesario consagrar la inmunidadimpunidad
de un diputado que había baleado a
una policía para conseguir la mayoría de votos a
favor del dólar. Más allá de los casos comprobados,
que son pocos, repasar todos los casos de
posible corrupción entre nuestros funcionarios
de alto nivel nos llevaría a escribir relatos de
varios tomos. Los partidos mayoritarios con frecuencia
se acusan mutuamente de corrupción,
pero la sangre rara vez llega al río. Generalmente
no son los partidos los protagonistas que
fuerzan los juicios de corrupción. Al contrario,
usan la corrupción exclusivamente para atacar
al otro en vez de depurar costumbres y estilos
que siguen y permanecen vigentes. La privatización
de empresas y bancos del estado nunca ha
sido investigada a fondo, probablemente porque
ni siquiera teníamos los adecuados instrumentos
legales para perseguir los enriquecimientos
ilícitos abonados y favorecidos desde el poder.
Todavía hoy a la Fiscalía, con su unidad anticorrupción,
no se le tiene miedo. Unidad, que
dicho sea de paso, no tiene una verdadera
autonomía para perseguir, investigar y enjuiciar
casos, sino tiene detrás permanentemente al
Fiscal General. Un poco más de delegación de
poder, recursos y autonomía sería indispensable
para perseguir la corrupción.
Hoy se discute en el país la necesidad de
tener una institución semejante a la CICIG de
Guatemala para enfrentar la corrupción. No
es una idea que deba desecharse en principio,
aunque muy probablemente El Salvador
tiene recursos todavía, si se lo propone, para
desarrollar internamente una institucionalidad
adecuada para perseguir la corrupción. Pero
tiene que demostrarlo con hechos. En un país
como el nuestro la prescripción del delito debía
simple y sencillamente derogarse en casos de
homicidio y de enriquecimiento ilícito. Y en este
último caso, la prescripción del delito debía
tener doble dirección: tanto en contra de los
políticos como de las empresas o personas que
sean cómplices de corrupción. Si de El Salvador
salen más de setecientos millones de dólares al
año, como promedio en los últimos diez años,
hacia paraísos fiscales, es difícil pensar que no
hay favores de bancos detrás de esa fuga de
dinero y recursos. Y más cuando sabemos que
el HSBC, hasta hace pocos años funcionando
en nuestro país, ha sido severamente multado
tanto en Europa como en Estados Unidos por
contribuir a la fuga de capitales y lavado de
dinero.
Aunque no siempre, se puede también decir
que entre nosotros la inmunidad se utiliza para
proteger la impunidad, la prescripción del delito
para dar seguridad a los que han cometido
delitos de lesa humanidad, el secreto bancario
para proteger a maleantes, el poder político
para enriquecerse. La institucionalidad ha ido
creciendo en los últimos años y no hay duda de
que algunas instituciones, como el Instituto de
Acceso a la Información, la Sala de lo Constitucional,
o la Superintendencia de Competencia,
entre otras instituciones, han dado pasos en
favor de la honestidad y en contra de la corrupción.
La sociedad civil y la opinión pública es
cada vez más sensible a estos casos. Y entre
los políticos van surgiendo nombres y personas
más confiables y más dispuestos a avanzar en
la dirección correcta en esta lucha necesaria
contra la corrupción. Pero ciertamente hay que
avanzar más y más aprisa. La elección de un
nuevo Fiscal, si se toma en cuenta una verdadera
reingeniería de la Fiscalía y una mejor
dotación de medios, puede ser un paso más en
esta lucha indispensable para lograr cohesión
social y enfrentar la ola (más bien oleaje) de violencia
que sufrimos. Porque no nos engañemos,
con corrupción arriba y pobreza y vulnerabilidad
abajo es imposible corregir la delincuencia y la
criminalidad.