Una guerra prolongada y degradada. Dimensiones y modalidades ...
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<strong>Una</strong> <strong>guerra</strong> <strong>prolongada</strong> y <strong>degradada</strong>. <strong>Dimensiones</strong> y <strong>modalidades</strong> de violencia<br />
acción militar para liberarlos 88 llevaron a radicalizar el rechazo contra el<br />
secuestro y contra la guerrilla.<br />
En esta dinámica, el 80,2% del territorio nacional (919 municipios) se<br />
vio afectado por el secuestro. En 68 municipios se concentró la mitad<br />
del total de los secuestros de todo el periodo, mientras que en 18 ciudades<br />
capitales de departamento se concentró el 21,2% del total de los<br />
secuestros de todo el periodo (13.109). Bogotá, Cali y Medellín registraron<br />
2.510 secuestros.<br />
1.4.6. El desplazamiento forzado: el desarraigo, la nostalgia y<br />
la humillación<br />
En Colombia, el desplazamiento forzado —delito de lesa humanidad—<br />
es un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado en<br />
gran medida al control de territorios estratégicos. Esta última característica<br />
evidencia que, más allá de la confrontación entre actores armados,<br />
existen intereses económicos y políticos que presionan el desalojo de la<br />
población civil de sus tierras y territorios. Sucede así con el narcotráfico<br />
y sus estructuras de financiación, que han sido definitivos en la sostenibilidad<br />
y agudización de la violencia sociopolítica en diferentes regiones<br />
del país. Por supuesto, no se puede dejar de lado intereses provenientes<br />
de sectores empresariales que también han contribuido a propiciar el<br />
desalojo y apropiación de importantes territorios.<br />
Cuantificar las dimensiones del desplazamiento forzado ha sido una<br />
tarea con numerosas dificultades, debidas en parte al tardío reconocimiento<br />
oficial del fenómeno. Si bien la Conferencia Episcopal Colombiana<br />
alertó en 1985 sobre las enormes magnitudes del desplazamiento,<br />
solo en 1997 el Gobierno nacional emitió la Ley 387, con la cual se<br />
88. Tal fue el caso de la operación Monasterio, adelantada en el 2006 por el Ejército de<br />
Colombia para rescatar al gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, al exministro de<br />
Defensa Gilberto Echeverry y a 10 suboficiales. Las FARC respondieron fusilando a los<br />
prisioneros (tres de ellos sobrevivieron).<br />
dio inicio a un registro oficial de datos. El Registro Único de Víctimas<br />
–RUV– es hoy uno de los instrumentos que permiten una aproximación<br />
a las cifras, pero su periodo de cobertura inicia apenas en 1996. Algunas<br />
organizaciones no gubernamentales se han ocupado también de llevar<br />
registros de la población desplazada, como la Consultoría para los<br />
Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES, cuya información<br />
proviene de un ejercicio de proyección estadística y no de las denuncias<br />
presentadas por los ciudadanos.<br />
A pesar de las diferencias, ambas fuentes de información coinciden en<br />
que el desplazamiento forzado ha sido una modalidad de violencia<br />
en continuo crecimiento desde 1996, cuando comenzó una etapa de<br />
recrudecimiento hasta el 2002, sucedida por una tendencia inestable y<br />
cambiante desde el 2003 hasta hoy. Según CODHES, en los diez años<br />
comprendidos entre 1985 y 1995 fueron desplazadas de manera violenta<br />
819.510 personas. De acuerdo con el RUV, en solo seis años, entre 1996<br />
y 2002, la cifra llegó a 2.014.893 víctimas. De acuerdo con el RUV, entre<br />
el 2000 y el 2003, el número anual de personas en situación de desplazamiento<br />
forzado superó las 300.000 personas.<br />
El agravamiento de la expulsión de población civil respondió a factores<br />
como la estrategia de expansión territorial de los grupos paramilitares;<br />
las deficiencias en sus procesos de desmovilización (Ley 975 del 2005); el<br />
reagrupamiento y rearme de algunos de los hombres desmovilizados; la<br />
ofensiva militar de recuperación territorial del Estado en cumplimiento<br />
de la Política de Seguridad Democrática; y la siembra masiva e indiscriminada<br />
de minas antipersonal por parte de las FARC. La combinación de<br />
estos elementos evitó que el nivel de desplazamiento forzado decreciera<br />
desde 2003, en correspondencia con la disminución de las principales<br />
<strong>modalidades</strong> de violencia. Así las cosas, entre el 2003 y el 2012, un total<br />
de 2.729.153 de personas fueron desplazadas.<br />
La magnitud del desplazamiento forzado generó las condiciones propicias<br />
para que del abandono se pasara al despojo de tierras, pues la<br />
desocupación de los territorios (desalojo de la totalidad de la población<br />
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