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-SALA de TOGAS
Nuestra Jurisprudencia
hecho ha ocurrido incuestionablemente dentro
de la esfE:!ra de control de "Electricidad S., S.A."
como una incidencia del servicio que la misma se
obligó a prestar ininterrumpidamente. Estamos
an te un supuesto de respon sabilidad objetiva en
que sólo la culpa exclusiva del usuario perjudicado
-y podría añadirse, con base en el art. 26 de
la propia ley, la fuerza mayor- enervan la acción
de responsabil idad. En efecto, tal como
establece el art. 26 Ley de Consumidores y
Usuarios, la empresa sum in istradora debe
acreditar "que se han cumplido debidamente las
exigencias y requisitos reglamentariamente
establecidos y los demás cuidados y diligencias
que exig(= la naturaleza del producto, servicio o
actividad. Aún más, puede decirse que tratándose
del suministro de energía eléctrica, el régimen
aplicable es el de la responsabilidad enteramente
objet iva el art. 28, cuyo ap. 2° se refiere
específicamente a la electricidad, en que al consumidor
le basta con probar la existencia del
daño y la correcta utilización del servicio. El TS al
interpretar estos preceptos ha distinguido entre
los dos regímenes de responsabilidad, la subjetiva,
reguLada en los arts. 25 al 27 de la Ley, y la
objetiva, presente en el art. 28, -STS 23-5-91-
C. .. ) Es indudable que "Electricidad S." goza de
una posesión privilegiada en el mercado de servicios
que le sitúa por encima de los usuarios
desde un punto de vista del equ ilibrio de las
prestaciones, y ello t rae a primer plano el derecho
de estos últimos a la protección jurídica en
sentido amplio en las situaciones de inferioridad
o subordinación, tal y como establece el art.
2. 1.f) L 26/84. Así, las empresas distribuidoras
de energía eléctrica están obligadas, salvo casos
de fuerza mayor, a mantener permanentemente
el servicio, cuando no conste lo contrario en los
contratos de suministro o durante las horas
fijadas en dichos contratos si el servicio es limitado(.
.. ) ".-
Y se me ocurre a la vista de todo ello que si,
dados los problemas estructurales que venimos
sufriendo los almerienses, con el servicio de
suministro eléctrico en el pelotón de cabeza,
hiciéramos aplicación normalizada de la exigencia
de responsabilidad que parece desprenderse
de las resoluciones transcritas, quizás provocaríamos
(el verbo viene a aludir etimológicamente
a "llamar desde fuera", aunque su alcance
actual seg ún el Diccionario de la RAE es mas que
suficiente) que la compañía responsable del servicio,
se replanteara las consecuencias de sus
deficiencias estructurales para su cuenta de
resultados.-
Y es que compartiendo básicamente, como
hago, el criterio jurisprudencia! indicado, me
resu lta evidente que el artículo 50 de la Ley
54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico
[BOE 285/1997 de 28- 11 -1997, pág. 35097
CEDE 997 /25340)], en lo que se refiere a la
interrupción del su ministro, regula que "el sumi ­
nist ro de energía eléctrica a los consumidores
sólo podrá suspenderse cuando conste dicha
posibilidad en el contrato de suministro que
nunca podrá invocar problemas de orden técnico
o económico que lo dificulten, o por causa de
fuerza mayor o situaciones de las que se pueda
deriva r amenaza cierta para la seguridad de las
personas o cosas".-
Y todo ello, que entiendo puede predicarse
para la mayoría de los servicios generales al conjunto
de la población, se nos presenta ya de
inmediata invocación y estimación en sede jurisdiccional,
y como un complemento sólido a la
menos invocada (y quizás también menos conocida)
Ley de Responsabilidad Civil por los daños
causados por productos defectuosos, en la que
también podemos encontrar sólidos argumentos
para evitar tanto caso de abuso como digo, -