Contenido

El marco jurídico de la Red
Nacional de Bibliotecas
Públicas *
Miguel Poot Grajales**
Aunque no soy especialista en bibliotecas,
tampoco me encuentro
ajeno a su quehacer y realidad.
Empecé a trabajar en la Subsecretaría
de Cultura cuando se creó la
Red Nacional de Bibliotecas Públicas
en 1983, proyecto que surgió
como un decreto presidencial y
evolucionó a una ley años más tarde.
Sin embargo, el hecho de que
se convirtiera en una ley no significó
que llegara al final de su camino;
toda ley está sujeta a un
proceso de adaptación y trasformación,
a fin de responder a los problemas
y necesidades reales.
José Vasconcelos estableció la Secretaría
de Educación Pública con
tres departamentos: educación, bellas
artes y bibliotecas. Se dice que
Vasconcelos, para crear las bibliotecas,
llenaba de libros la cajuela de
*Ponencia presentada en el XV Congreso Nacional
de Bibliotecas Públicas, realizado el 30 de
septiembre y 1 de octubre de 2015 en Cuernavaca,
Morelos.
**Secretario Técnico de la Comisión de Cultura
de la H. Cámara de Senadores.
su automóvil y los llevaba directamente
a las comunidades. Así se
tra bajaba en aquella época. Hoy
tenemos una gran red de más de
7,400 bibliotecas —incluso existen
muchas otras que no están adheridas
a ésta— y contamos con una
ley que respalda el proyecto; sin
embargo, ninguna ley por sí misma,
por más regulativa que sea, resuelve
un problema de la sociedad;
hacen falta otras cosas: 1) políticas
públicas alineadas en pro pósitos
comunes, y 2) autoridades convencidas
de que hay que cumplir una
ley que establece ciertos principios,
determinaciones y caminos, para
lograr propósitos orientados al
bienestar general de la población.
La ley de bibliotecas, que es de
interés público, como prácticamente
todas las leyes, tiene una naturaleza
jurídica de orden general.
Esto quiere decir que regula los tres
órdenes de gobierno, pero incide
sólo a nivel de directrices, de señalar
políticas públicas.
Una ley general no puede regular
a los estados y municipios sobre
cómo manejar sus bibliotecas, sino
que establece las directrices de política
pública, así como una serie de
instrumentos como los convenios
de coordinación y asigna competencias
para cada uno de los órdenes
de gobierno, con la posibilidad
de que cada entidad pueda regular
su materia con base en sus características
propias, en la naturaleza
territorial y disponibilidad de re­
21