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cursos. Se trata entonces de enunciados
jurídicos que pretenden
uniformar una visión general acerca
de las bibliotecas.
Hay que considerar además que
la Ley General de Bibliotecas está
vinculada y enfocada al sistema
educativo, es decir, las bibliotecas
se entienden como un servicio que
se presta a los educandos. De hecho
en la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal se
establece que la SEP creará un número
de bibliotecas que sostendrá
y mantendrá; igualmente la Ley
General de Educación incluye criterios
específicos para el fomento a
la lectura en los educandos, así como
para la dotación de acervos.
Pero la legislación no está dirigida
actualmente a la comunidad, de tal
forma que no podemos concebir a
las bibliotecas como espacios de
reunión o centros de cooperación
Ilustración de Lourdes Domínguez.
social, sino que tiene esencialmente
un enfoque educativo.
La Red Nacional se creó con dos
propósitos: integrar los recursos de
las bibliotecas públicas y coordinar
sus funciones para fortalecer la operación
de éstas, y segundo, ampliar
y diversificar los acervos, así como
orientar sus servicios. Pero uno de
los temas importantes a resolver es
garantizar la estabilidad del personal
que presta los servicios bibliotecarios,
porque de otro modo tienen
que aprender cada tres años.
La Ley tampoco concibe un proyecto
de diagnóstico de las bibliotecas.
En el ámbito educativo, al final
del gobierno del presidente Zedillo
se empezaron a realizar una serie de
evaluaciones. Ya antes se hacían algunas
pruebas que evaluaban la currícula
y otras el aprovechamiento
educativo, pero cuando evaluaron
la infraestructura educativa se encontraron
con resultados verdaderamente
desfavorables: había
escuelas con baños que no funcionaban,
con paredes cuarteadas, muchas
otras que carecían de patios no
obstante se impartían clases de educación
física, y otras más en las zonas
rurales en las que ni siquiera
había agua. Este tipo de diagnósticos
son necesarios para detectar la
gran cantidad de elementos que
están fuera de la ley y que podrían
incorporarse en una visión mucho
más moderna, pero también mucho
más administrativa.
Otro tema a reflexionar sobre la
Ley es la poca claridad que tiene
sobre el principio de autoridad. Está
definido que la SEP y el Conaculta
son los responsables directos
de la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas, con la participación de
los estados y municipios, pero al no
haber claridad en este principio, no
se puede garantizar la atención y
permanencia de las bibliotecas porque
la ley ni siquiera le da atribuciones
específicas y precisas a los
tres órdenes de gobierno involucrados,
por lo que tampoco existe la
obligación de cumplirla.
Asimismo, un asunto importante
a incluir con mayor profundidad
en la Ley General de Bibliotecas es
el de la actualización tecnológica.
Hoy en día el libro impreso es el
principal vehículo de trasmisión
del conocimiento, pero en no mucho
tiempo lo pudiera ser también
el libro electrónico. No obstante,
así como tenemos cinco o seis millones
de analfabetas a los que un
libro impreso no les es útil, existen
alrededor de sesenta o más millones
de personas que son analfabetas
22 el bibliotecario