Una nación desplazada

Una nación desplazada
el objetivo de resolver las situaciones de hecho, o lesiones económicas,
sufridas debido a las transacciones sobre bienes inmuebles
realizadas bajo coerción o mediante el aprovechamiento del ambiente
de zozobra generado durante La Violencia 25 . Sin embargo,
un año después de su entrada en operación desaparecen, demostrando
la impotencia del gobierno frente a la tarea de devolver las
tierras apoderadas ilegalmente. De esta forma, los problemas asociados
al despojo de tierras, las situaciones de hecho configuradas
después del Bogotazo y la estructura agraria no son solucionados.
Dentro de este contexto, la oposición ligada a las bases campesinas
del Sumapaz y del sur de Tolima presenta ante el Congreso
de la República un proyecto de reforma agraria que es apoyado
por sectores oficialistas que también habían llegado a la conclusión
“de que si no se detenía a tiempo la avalancha migratoria
que La Violencia venía precipitando desordenadamente hacia las
ciudades, la situación de éstas podía tornarse explosiva” (Sánchez
Gómez, 1989, en: Nueva Historia de Colombia, página 173).
Se desencadena entonces un largo debate que da lugar a la Ley
135 de 1961, sobre la Reforma Social Agraria, iniciativa que se
aprueba dentro de un contexto internacional en donde el gobierno
norteamericano había diseñado una estrategia de contención
de los movimientos sociales y agrarios de la región –que culminaron
en la revolución cubana– conocida como la Alianza para el
progreso 26 .
La reforma agraria concebida en la Ley 135 de 1961 dio lugar
a la creación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
(INCORA), que carecía de instrumentos reformistas y por ello ter-
25 “En el marco de los tribunales de conciliación y equidad se ne gociaba con
las mujeres campesinas viudas que no tenían ninguna posición de poder o medios
de sustento, por tanto el resultado inevitable de esas negociaciones era que se
conciliaba con cualquier oferta y estas mujeres terminaban como desplazadas sin
obtener una garantía satisfactoria de sus derechos a la tierra” (FIDA, ILC y CINEP,
2010, página 35).
26 En esta apuesta se combinan el direccionamiento estratégico de los procesos
políticos y económicos que la dirigencia norteamericana considera funcionales
para su política hemisférica, consistentes con la visión del desarrollo planteadas
desde la administración Truman, con la aplicación de su doctrina contrainsurgente
(Fajardo, 2012).
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