subsistema de educación regular

esolución ministerial nº 001 / 2016
b) La Unidad Educativa tiene la obligación de incorporar de forma
inmediata a la o el estudiante a clases a través de un acta de
inscripción que regulariza la situación de la o el estudiante.
c) Las unidades educativas atenderán a los estudiantes con
flexibilidad en la presentación de la documentación necesaria a
las y los estudiantes que no acrediten el año de escolaridad que
le corresponde, no debiendo exceder el periodo de presentación
de la misma hasta seis meses. En caso de no presentar la
documentación requerida, la Dirección de la Unidad Educativa,
de acuerdo a la edad cronológica, establecerá una evaluación
sicopedagógica con la Comisión Técnico Pedagógica a efecto
de acreditar el año de escolaridad que le corresponde para la
prosecución de sus estudios.
d) En caso de que no se cuente con convenios de cooperación
bilateral con el país de procedencia de la o el estudiante, con
fines de convalidación de estudios en el exterior, se procederá
de acuerdo al inciso c) señalado precedentemente.
III. Para la incorporación de hijas y/o hijos de extranjeros en casos
excepcionales se deberá cumplir con los requisitos mencionados
en el Parágrafo II del presente Artículo, siendo responsabilidad de
las madres y padres de familia.
IV. Las y los estudiantes provenientes del exterior del país deberán
presentar los mismos documentos en un plazo de 90 días de acuerdo
con el Parágrafo II del presente Artículo, debidamente visados por los
consulados del país de origen y la Cancillería del Estado Plurinacional
de Bolivia para efectos de homologación y convalidación.
Artículo 27. (Falsificación de documentación).
I. Ante indicios de falsificación de documentos presentados al
momento de la inscripción de estudiantes, la o el director de
Unidad Educativa remitirá informe a la Dirección Departamental
de Educación, la que a través de la Unidad de Asesoría Legal se
constituirá en denunciante y querellante en el proceso respectivo
contra los responsables, tomando en cuenta el derecho a la
defensa y la presunción de inocencia. Para ello, el Ministerio
de Educación, a través de la Unidad de Sistemas, se reserva la
obligación de contrastar con la base de datos del SEGIP.
II. Las y los directores, maestras, maestros y personal administrativo
que aceptaren documentos presuntamente falsificados, previa
investigación que determine indicios de responsabilidad, serán
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