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Cambio climático, movimientos sociales y políticas públicas

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Sofía Castro Salvador<br />

En la revisión de estos reportes, se han encontrado 144 casos de confl ictos<br />

socioambientales 153 . En nuestra Constitución actual y la de varios países<br />

como Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, Venezuela, México, Honduras,<br />

se plantea el derecho fundamental de toda persona a vivir en un ambiente<br />

equilibrado y adecuado. Los motivos de los confl ictos socioambientales<br />

aluden a esto, en el sentido que las poblaciones perciben que su derecho a<br />

vivir en un ambiente equilibrado y adecuado se vulnera o se ve amenazado<br />

por la presencia de empresas extractivas 154 . De acuerdo a la información<br />

de los reportes, los principales motivos de confl icto clasifi cados por la Defensoría<br />

del Pueblo como socioambiental (ver gráfi co 1) son el temor a la<br />

contaminación ambiental en general.<br />

153 Es importante señalar que en los reportes no se puede distinguir claramente los motivos de los conflictos en<br />

el sentido de cuáles son reales y cuáles son temores o percepciones.<br />

154 Damonte (2008:45) señala que “el impacto ambiental está directamente relacionado con el uso y contaminación<br />

de los recursos naturales. Los grandes emprendimientos extractivos –y en particular, la minería– hacen<br />

uso de gran cantidad de recursos. Así, el dramático incremento de la demanda de tierra y agua produce una<br />

profunda transformación en el ambiente y los ecosistemas locales. En la minería actual, dichos trastornos<br />

generalmente son identificados por las propias compañías extractivas en los requeridos estudios de impacto<br />

ambiental (EIA)”. La Defensoría del Pueblo en su informe extraordinario (2007) señala también que existe<br />

“otro factor importante que influye en la actitud de la población vecina frente a las actividades extractivas,<br />

[y] está constituido por los pasivos ambientales, considerados como las pruebas tangibles y visibles que<br />

demuestran la debilidad del Estado para proteger el medio ambiente vital de las poblaciones cercanas a proyectos<br />

extractivos.” Además, añade “son comprensibles, en este contexto, la preocupación y la percepción<br />

de sectores de la población que creen que las actividades extractivas de minerales o hidrocarburos causan<br />

contaminación, situación que propicia que estos sectores puedan sumarse fácilmente a las protestas en<br />

contra de estas actividades”.<br />

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