Las organizaciones de la sociedad civil en la legislación mexicana

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Esta publicación fue hecha posible a través del apoyo provisto por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, bajo los términos del Premio No. GEG-A- 00-01-00005-00. Las opiniones expresadas aquí son las del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2
Reconocimientos El presente estudio analiza la experiencia de un proceso en el que participaron un conjunto de instituciones y personas comprometidas con el desarrollo de la sociedad civil en México. Entre aquellos que dieron vida a este proceso, los autores de este texto quisieran agradecer muy especialmente por sus comentarios, sugerencias y apoyo a Michael Layton, Mónica Tapia, Beatriz Campillo, Cristina Galíndez, Laura Carrera, Carlos Reta, Ever Ramos, Alberto Navarro y a Jocelyn Nieva. A todos ellos, gracias, por su invaluable ayuda en la revisión y enriquecimiento de este estudio. Asimismo, quisiéramos reconocer por escrito a algunas de las instituciones sin cuyo apoyo, la promoción de una agenda fiscal para el fortalecimiento de la sociedad civil organizada en México no hubiera sido posible. Al Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, A.C., Alternativas y Capacidades, A.C., la Fundación Alfredo Harp Helú, al Centro Mexicano para la Filantropía, Cemefi, a Solana Consultores, S.A., a Synergos por su la invitación a las reuniones de las Fundaciones Comunitarias. Al International Center for Not-for-Profit Law y muy especialmente a la Fundación William and Flora Hewlett por su apoyo institucional Para terminar, reconocer a las organizaciones de la sociedad civil y sus entusiastas líderes, muy especialmente a nuestros amigos de las fundaciones comunitarias y de las Juntas de Asistencia Privada alrededor de la República. Por mencionar sólo algunas: en Chihuahua, al Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, A.C. (ITESM, Campus Chihuahua), la Junta de Asistencia Privada del estado de Chihuahua, y a la Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. En Jalisco, a Corporativa de Fundaciones, a Fundación Expo Guadalajara, y a Organismo de Nutrición Infantil. En Puebla, a Fundación Comunitaria Puebla, a Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Fundación Juconi, Instituto Poblano de Readaptación (IPODERAC) y a Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. En el Estado de México, a la Junta de Asistencia Privada del Estado de México. En Oaxaca, a Centeótl, EDUCA y la Fundación Comunitaria Oaxaca. En Sinaloa, a la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa. En Sonora, a la Fundación del Empresariado Sonorense. En Baja California, a Fundación Internacional de la Comunidad, al Consejo Estatal de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social, a la Asociación de Profesionales en Procuración de Fondos, a Red Social de Tijuana y a Fundación Esperanza de México. En el D.F., a la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, a la Red por los Derechos de la Infancia, a Fundar, Centro de Análisis e Investigación, a Fundación Miguel Alemán, el Centro de Atención Profesional a Personas con Sida, Fomento Cultural y Educativo, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Humanos para Todos y Todas”, Fundación Merced y a Fundación Alternativa. Y a todos aquellos que por razones de espacio o por una falta de los autores no nombramos aquí, pero que fueron sin duda el motor de este proceso. 3
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