Las organizaciones de la sociedad civil en la legislación mexicana

objetivos eran claros y con un alcance muy preciso: aumentar la recaudación fiscal (por
parte del Ejecutivo) o castigar a una élite empresarial (por parte del FAP).
Ante estas propuestas, el consorcio de organizaciones que promovía una agenda fiscal a
favor de las OSC presentó asimismo una contrapropuesta, mediante una carta que envió a la
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en julio –así como a la Comisión de
Hacienda del Senado y a los coordinadores parlamentarios de ambas Cámaras- en la que
buscaba no sólo mantener los incentivos disponibles, sino procurar un acceso más
equitativo a ellos (mediante la homologación de la Ley Federal de Fomento y la del ISR), y
promover una mayor transparencia y fuentes confiables de información para evitar abusos.
Dichas propuestas consistían en que:
c) Los donativos a las donatarias autorizadas fueran considerados como deducibles en
el artículo quinto de la Ley de la CETU;
d) Los ingresos de las donatarias autorizadas quedaran exentos en el artículo cuarto de
de la Ley de la CETU, ya que no son empresas lucrativas, objeto de dicha ley.
e) Las actividades reconocidas por la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las
Organizaciones de la Sociedad Civil fueran incluidas en la Ley del Impuesto Sobre
la Renta para efecto de que pudieran recibir donativos deducibles, propiciando con
ello la institucionalización y el crecimiento del sector.
f) El Ejecutivo Federal estableciera mecanismos para informar el monto anual global
de las donaciones recibidas por las donatarias autorizadas y entregara conforme se
le solicite -por medio del sistema de solicitudes de información- datos sobre los
donativos deducibles de impuestos en virtud del interés público de dicha
información y contribuir con ello a la confianza pública.
Ya en la recta final de las negociaciones en el Congreso, apareció una cuarta propuesta, que
de alguna manera incorporaba elementos de las tres propuestas anteriores (la preocupación
por incrementar la recaudación, la sospecha de que los incentivos fiscales a las OSC se
estaban usando para triangulaciones y evasión, y la demanda de mayor transparencia).
Dicha propuesta, que en gran medida sería la que se adoptaría en el dictamen de Ley que
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