Las organizaciones de la sociedad civil en la legislación mexicana

Ante tal panorama, un grupo de académicos y miembros de organizaciones de la sociedad
civil (OSC) e instituciones de segundo piso decidieron aliarse para realizar un diagnóstico
sobre el estatus de la sociedad civil organizada en México, y las maneras para promover su
desarrollo, particularmente a través de un marco jurídico que facilitara su sustentabilidad
financiera y abriera sus posibilidades de formalización y profesionalización, además de
otorgar mayor certeza, fluidez y transparencia a las relaciones entre organizaciones
ciudadanas y gobierno.
Con dicho objetivo en mente, entre 2003 y 2004 se empezó a formar una coalición que
trabajaría pacientemente el diagnóstico de la situación de las OSC, el análisis de la
problemática fiscal –vía una amplia consulta con organizaciones alrededor del país y con
expertos- y la definición de propuestas en materia de políticas públicas, de normatividad, de
capacitación y de modificaciones legislativas y administrativas en materia fiscal. Este
trabajo –para cuya realización fue de fundamental importancia el apoyo de The William
and Flora Hewlett Foundation- llegaría a constituir una referencia y una base de apoyo para
promover las propuestas de las OSC ante las instancias de gobierno.
Para el 2007, la coyuntura política, económica y social abre las posibilidades para que todo
el trabajo realizado a lo largo de más de dos años para definir una agenda fiscal a favor del
sector no lucrativo encontrara resonancia en el debate público. La propuesta de reforma
fiscal presentada por el Ejecutivo en junio de dicho año planteaba al mismo tiempo una
amenaza -al eliminar del todo la deducibilidad de impuestos sobre donaciones hechas a
organizaciones de la sociedad civil autorizadas, y al tasar sus ingresos derivados de
actividades económicas- y un reto: capitalizar el conocimiento, las alianzas y los consensos
alcanzados entre organizaciones de la sociedad civil durante la construcción de su agenda
fiscal, para hacer frente a dicha amenaza, y llevar el proceso más allá al empujar las
demandas de la sociedad civil, dar visibilidad al sector ante la población en general, e
insertarse en el debate al interior del Congreso y del Ejecutivo.
República Checa, Filipinas, Brasil, Marruecos, Hungría, Pakistán, Eslovaquia, Polonia, Rumania y México.
Ibidem.
6