Las organizaciones de la sociedad civil en la legislación mexicana

Tras las elecciones, el Partido Acción Nacional (PAN) –identificado con la derecha-
mantuvo la presidencia, pero el Congreso quedó profundamente dividido, sin que ninguno
de los tres principales partidos obtuviera una mayoría absoluta. No ayudó a la situación el
hecho de que el que el Presidente Calderón ganara la presidencia por un escaso margen de
votos, de tan sólo 0.58%, y el candidato perdedor y los partidos que lo postularon –la
“Alianza por el Bien de Todos”, integrada por el Partido de la Revolución Democrática y
otros partidos pequeños: el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia- decidieran no
reconocer su triunfo. Aunque los legisladores de la Alianza por el Bien de Todos asumieron
sus cargos en el Congreso, su falta de reconocimiento –al menos en la retórica- al
Presidente Calderón se convirtió en una fuente de tensión, que se manifestó no sólo en
actos de corte simbólico –como fue su toma de posesión o la entrega de su Primer Informe
de Gobierno- sino en frecuentes llamados por parte de su ex candidato y de los legisladores
allegados a él para bloquear negociaciones con el Ejecutivo y con los representantes del
PAN en el Congreso. En este contexto, toda iniciativa del actual gobierno y del partido en
el poder se encontraba en línea directa para la confrontación.
Lo anterior limitó severamente el margen de maniobra para el Ejecutivo en sus
negociaciones con el Congreso para aprobar una reforma fiscal. La fragilidad de los
acuerdos entre partidos hizo que inclusive aquellos legisladores más favorables a las
organizaciones de la sociedad civil se mostraran reticentes a defender abiertamente esta
causa por miedo a despertar fricciones que pusieran en riesgo la aprobación de la reforma;
sobre todo, porque tratándose de un sector pequeño, poco visible, y con escaso apoyo en la
opinión pública, les aportaba pocos dividendos políticos.
Por otra parte, con la llegada al poder del Presidente Calderón se realizaron cambios en las
diversas Secretarías de Estado que conforman la administración pública federal,
representando la pérdida de aliados clave en las instituciones gubernamentales para la
sociedad civil organizada. Inmediatamente, el desconocimiento por parte de los nuevos
funcionarios del papel e importancia de las OSC, la percepción entre miembros de las OSC
de que órganos antes imparciales se “partidizaron” con la llegada de estos funcionarios, y la
prioridad que el gobierno federal dio a otros puntos en la agenda, provocaron una reacción
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