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Licenciatura en Informática Administrativa
No es posible soslayar que la mayoría de los casos de los contratos informáticos
tienen por objeto la adquisición de cosas muebles o de servicios para el consumo
final o beneficio del propio adquirente o de su grupo familiar o social. En otras
palabras, el adquirente de la cosa o servicio es un verdadero consumidor, que, en
consecuencia, está amparado por la ley 24.240, la que dispone que la
interpretación del contrato deberá ser hecha en el sentido que más lo favorezca
(art. 37).
Así las cosas, el contrato celebrado por medios informáticos, se trata de un
contrato de consumo, que deberá ser interpretado conforme las normas de la ley
24.240 (en favor del consumidor, artículos 3 y 37); si es un contrato con cláusulas
predispuestas, en contra del predisponente y a favor del adherente; y si es un
contrato paritario, conforme el principio general de la buena fe (art. 1198 del C.C.).
Contratos electrónicos internacionales con el consumidor:
jurisdicción competente y ley aplicable
Introducción
A medida que se supera la barrera de la inseguridad de las comunicaciones en
Internet, la homogeneización paulatina de la legislación mercantil internacional
está consitituyendo la mejor garantía para el desarrollo del comercio electrónico
transfronterizo, como cénit de la evolución del comercio internacional.
Si bien esta evolución, en consonancia con un control paralelo de las restricciones
a la competencia, implica un mayor abanico de opciones y ventajas para el
consumidor, la incertidumbre en torno a la jurisdicción competente o la ley
aplicable a los contratos electrónicos internacionales corre el riesgo de
incrementarse, minando la confianza mínima necesaria que permita un despegue
definitivo del comercio electrónico internacional con el consumidor.
Un estudio en profundidad de la forma en que las normas de Derecho
Internacional Privado interoperan con las diferentes normativas nacionales de
protección del consumidor puede ayudarnos a eliminar incertidumbres
innecesarias a la hora de utilizar el "ciberespacio" como medio de exhibición,
oferta y venta de bienes y servicios al consumidor.
Ley aplicable
La determinación de la ley aplicable a un contrato específico puede traer
importantes consecuencias. Mientras en una jurisdicción determinada (por
ejemplo: California, Estados Unidos) la expresión de un precio en una página web
con la opción de compra del producto podría equivaler a una oferta, en otra
jurisdicción distinta (por ejemplo: Inglaterra, Reino Unido) tal noticia equivaldría a
una mera invitación a negociar, y la remisión por parte del comprador de su interés
en el producto a la oferta contractual. En este segundo caso, sólo la confirmación
del pedido por parte del vendedor se consideraría aceptación del contrato.
Las normas existentes de Derecho Internacional Privado reconocen, en su
mayoría, la autonomía de la voluntad de las partes como criterio preferente de
UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA 131