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Según este mismo Decreto Ley los otros tipos de caza continúan siendo regidos por el
Decreto 1608 de 1978, siendo definidos así:
- Caza comercial, la que se realiza por personas naturales o jurídicas para
obtener beneficio económico. El concepto de caza comercial se aplica tanto a
la acción genérica de cazar como a las actividades conexas a su ejercicio.
- Caza científica, la que se practica únicamente con fines de investigación o
estudios realizados dentro del país.
- Caza deportiva, la que se practica como recreación y ejercicio, sin otra
finalidad que su realización misma; por tanto no puede tener ningún fin
lucrativo.
- Caza de control, la que se realiza con el propósito de regular la población de
una especie de la fauna silvestre, cuando así lo requieran circunstancias de
orden social, económico o ecológico.
- Caza de fomento , la que se realiza con el exclusivo propósito de adquirir
individuos o especímenes de la fauna silvestre para el establecimiento de
zoocriaderos o cotos de caza.
Tan sólo la caza de fomento se ha ejercido con frecuencia en los últimos años en
Colombia. Los permisos para otros tipos de caza requieren una serie de trámites e
investigaciones que pueden conllevar años y requieren de personal calificado, lo que
los hace bastante difíciles y costosos. Para el caso de los habitantes rurales estos
requerimientos son simplemente una prohibición no explícita, pues resulta imposible de
cumplir con las exigencias de los términos técnicos oficiales.
Conciencia, percepción y apropiación del valor económico de la fauna
silvestre
Actualmente el tema de la valoración económica de la fauna silvestre busca imponerse
como único mecanismo de toma de decisión para resolver los problemas de pérdida y
extinción de ciertas especies y como posible respuesta institucional frente al tráfico
ilegal y uso insostenible. Se ha argumentado que la falta de una valoración económica
de la fauna silvestre cuando ésta se usa fuera de los mecanismos permitidos por la ley,
es una de las causantes de la ineficiencia que se ha observado tanto en la
determinación del nivel adecuado de la norma y su respectiva sanción como en el
respeto de su cumplimiento (Meandro, 1998).
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