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debate y la apertura de nuevas memorias en cada punto del país, metas que se fueron
consolidando a través de la distribución de los materiales, la producción de otros nuevos
y la concreción de cantidad de encuentros con docentes y estudiantes, realizados
de norte a sur y de este a oeste.
Desde aquel entonces hasta el presente, la propia experiencia del Programa fue
dictando la necesidad de editar un material como el que hoy presentamos. Además, las
investigaciones sobre la enseñanza de la historia argentina reciente en el ámbito educativo
señalan que la escuela es relativamente eficaz a la hora de transmitir una condena
moral sobre lo sucedido durante la última dictadura pero que tiene serias falencias a la
hora de construir explicaciones. Este libro, entonces, ofrece un marco histórico y conceptual
para entender la experiencia del terrorismo de Estado: se propone como una
herramienta para explicar por qué pasó y cómo fue posible que sucediera.
La construcción de políticas de la memoria desde el Estado
La verdad tiene mucho de conquista histórica. Para arribar a ella hay que librar una y mil
batallas, a través de las leyes y de las instituciones y también en la calle y en las aulas.
En el caso argentino estas batallas han tenido un largo recorrido, donde el Estado ha
jugado un rol decisivo.
El Estado terrorista negó la existencia de los desaparecidos a través de la voz del
presidente de facto Jorge Rafael Videla y, aún hoy, sus responsables niegan la información
que permitiría identificar el destino final de miles de argentinos. Esa misma
dictadura estableció en un Informe Final (1983) que «únicamente el juicio histórico podrá
determinar con exactitud a quién corresponde la responsabilidad directa de métodos
o muertes inocentes». Fue un modo de no dejar resquicios para la presentación de
denuncias y eventuales procesos penales contra quienes habían participado en la represión
y, también, de dejar sentado que las Fuerzas Armadas habían actuado en respuesta
a una agresión que provenía de la «subversión». Es decir, se buscaba garantizar
la impunidad y la no revisión de los crímenes cometidos.
Desde la restauración democrática, el Estado nacional ha dado importantes pasos
para que los ciudadanos dispongan de elementos para conocer qué sucedió en la
Argentina entre 1976 y 1983. El informe de la CONADEP (1984) y el Juicio a las Juntas
(1985) constituyen hitos en la aproximación a la verdad histórica y la construcción de la
memoria. Este último probó que el terrorismo de Estado había sido una política sistemática,
que en la Argentina habían funcionado campos de concentración, que miles de
argentinos habían sido secuestrados, asesinados, encarcelados u obligados a exiliarse,
dejar sus trabajos y sus casas. No se trataba de la «opinión de las víctimas» o «de los
defensores de la guerrilla», como aún hoy repiten algunos pocos, sino que los poderes
de la nación entregaban a sus ciudadanos la posibilidad de conocer lo que efectivamente
había acontecido en aquellos años de horror.
A mediados de la década del ochenta, estos avances sufrieron un duro golpe cuando
la presión de la corporación militar llevó a sancionar las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida, cuyo objetivo era poner límites a los juicios. Durante la década del
noventa, estos cierres institucionales se vieron fortalecidos por una «política de reconciliación»
que creyó posible consolidar la democracia a partir del olvido de los crímenes
de lesa humanidad cometidos desde el propio Estado. El Poder Ejecutivo estableció
por decreto una serie de indultos que reforzaron la impunidad y la imposibilidad de
juzgamiento.
Sin embargo, la acción incansable de las organizaciones de Derechos Humanos y
otros actores sociales y políticos encontró siempre la posibilidad de mantener viva la
memoria y seguir adelante con el pedido de justicia.
Con posterioridad a las leyes de impunidad de la segunda mitad de los años ochenta
y noventa, el Estado retomó aquellos gestos fundacionales del primer gobierno democrático.
En el año 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner pidió perdón, en
nombre del Estado argentino, en un acto realizado en el predio de la ESMA, donde
había existido uno de los mayores campos de exterminio y actualmente funciona el
Espacio para la Memoria. En aquel acto Kirchner dijo: «Las cosas hay que llamarlas por
su nombre (…) Vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza
de haber callado durante veinte años de democracia tantas atrocidades (...) Hablemos
claro: no es rencor ni odio lo que nos guía. Me guía la justicia y la lucha contra la impunidad.
Los que hicieron este hecho macabro y tenebroso como fue la ESMA tienen un
solo nombre: son asesinos».
Estas palabras profundizaron el trabajo simbólico que había iniciado Raúl Alfonsín,