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SISTEMA
NACIONAL DE
PENSIONES
Crean Régimen Especial
(Segunda Parte)
4.3 Otras características del régimen especial de la Ley Nº
29451
El numeral 2 del artículo 84º-A adicionado al texto legal del D.
Ley Nº 19990 precisa dos aspectos como características propias
de este régimen especial:
a) La pensión como bien social: La pensión que se genera en
virtud de la aplicación de la nueva ley, tiene condición de
«bien social» tanto de la sociedad conyugal en la que sus
componentes se encuentran unidos en matrimonio civil, como
de quienes han conformado una unión de hecho dentro de
los alcances de lo determinado por el artículo 326º del Código
Civil, cuyas características y particularidades fueron ampliamente
expuestas en el número anterior (ver literal b) del
numeral 3 del artículo sobre la materia correspondiente en
«Informe Laboral» de diciembre de 2009, págs. 6 a 8).
La condición de «bien social» utilizada en la norma, debe ser
entendida dentro del campo correspondiente a la organización
económica de la familia, que se regula a través de los
llamados regímenes patrimoniales existentes en nuestra legislación,
es decir: sociedad de gananciales o separación de
patrimonios.
Cuando la Ley Nº 29451 precisa que la pensión a otorgarse
dentro de este régimen especial constituye «bien social» entendemos
que el monto de la misma deberá ser considerado
como parte integrante de la sociedad de gananciales, descartándose,
en consecuencia, que pueda ser considerado bien
propio de sólo uno de sus miembros componentes.
Esta característica de la pensión se da tanto en el caso de existir
matrimonio civil entre los cónyuges, como en las uniones
de hecho, pues también en este último caso se «origina una
sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de
gananciales, en cuanto le fuere aplicable», como nos lo recuerda
la parte pertinente del artículo 326º del Código Civil.
ANÁLISIS LEGAL
En «Informe Laboral» del mes de diciembre
iniciamos una serie de comentarios sobre el nuevo
Régimen Especial de Jubilación aplicable a la «sociedad
conyugal» como también a las «uniones de hecho».
Este régimen se encuentra comprendido dentro del
Sistema Nacional de Pensiones (Decreto Ley Nº 19990)
con las particularidades determinadas por la Ley de su
creación Nº 29451.
En esta oportunidad concluiremos nuestro análisis
sobre esta última norma.
El tema aludido puede presentar alguna interrogante muy
peculiar referida a si existe la posibilidad de que en ambos
casos (sociedad conyugal y unión de hecho) las partes que
las componen pudieran –en virtud de lo permitido por el artículo
296º del Código Civil– sustituir el régimen de sociedad
de gananciales por el de separación de bienes. De darse esta
figura nos preguntamos, ¿podrán las partes que optan por la
separación de bienes, incluir dentro de este régimen al monto
que representa la pensión de jubilación otorgada bajo los
alcances de la Ley Nº 29451, pese a que esta misma ley ha
determinado su carácter de «bien social»?
Por nuestra parte nos preocuparía la situación a originarse si
las partes acordaran incluso mediante escritura pública e inscripción
en el registro personal –requisitos exigidos por el
artículo 296º del Código Civil– la sustitución convencional
del régimen patrimonial a uno de separación de patrimonios,
incluyendo dentro de sus alcances el importe de la pensión
obtenida mancomunadamente por ambos integrantes
bajo los alcances de la Ley Nº 29451.
Habría que dilucidar si tal convenio resultaría válido o si, en
cambio, podría ser objetado legalmente por tratarse de un
beneficio económico otorgado dentro de una ley que lo considera
aplicable no a las personas naturales sino a la sociedad
conyugal o a quienes conforman una «unión de hecho»,
siendo ésta una característica especial y obligatoria proveniente
de la norma que regula este régimen jubilatorio.
Sin tratar de asumir una posición definitiva sobre la materia
controvertida, nos preguntamos simplemente si sería aplicable
el numeral 14 del artículo 2º de la Constitución Política
del Perú que sólo permite amplia libertad para «contratar
con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de
orden público». ¿Estamos, acaso, frente a esta situación?
Bajo otras perspectivas, ¿podría resultar de aplicación lo dis-
INFORME LABORAL / DICIEMBRE 2009 17